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miércoles, diciembre 7, 2022

Caribe Sur, en el ojo del “huracán” de desalojos y demoliciones

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Redaccion El Periodico CR
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Algo muy particular los habrá motivado para comenzar en Manzanillo, continuar con Cahuita y rematar en Puerto Viejo. En estas dos últimas localidades las cosas se les ha complicado por una serie de razones que por ahora no vamos a explorar.

 

 

 

jovenes-del-caribe-surEstas tres localidades poseen una característica que las diferencia de las demás comunidades costeras del Litoral Atlántico, están siendo reconocidos nacional e internacionalmente, como el destino turístico de la juventud.

Por su fácil acceso, limpieza, palmeras, vista escénica, extensión y seguridad; las Playas de Manzanillo son de las más añoradas por la juventud tica y europea. Desde luego, las ofertas de alojamiento, suministros y alimentación ofrecidos por el poblado, es parte integro de esa atracción; una depende de la otra.

Gobierno irrespeta derechos de los pobladores

Es importante mantener presente en este análisis que, tanto el mérito como, el orden de las razones aducidas, no alteran el resultado final. El impacto social será igual.

 

 

                                            MAPA-LEY 166 DE 1935 – CASCO URBANO DE PUERTO VIEJO

mapa-de-puerto-viejo-de-193En primer lugar, cuando el Estado introdujo la Ley No. 6043 en 1977, reglamentando el acceso y uso de las áreas costeras, los derechos de los pobladores u ocupantes no fueron reconocidos.

Este des reconocimiento que prevalece hasta nuestros días no fue una casualidad ni negligencia de los pobladores. Es una determinación tomada por funcionarios del Gobierno, quienes pretenden pasar al patrimonio nacional nuevas propiedades sin indemnizar a sus ocupantes.

Similar situación se enfrentan los pobladores fronterizos desde Bribri hasta Sixaola, ubicados dentro de los 2 kilómetros del Rio Sixaola. Vale decir, a escasos 1 km de donde hoy la Presidenta Chinchilla hace entrega de casas de bien social, con títulos de propiedad.

¿Quiénes son los recipientes de ese beneficio? Muchos de ellos recién emigrados al cantón, relativo a las familias que han habitado la zona desde hace mas de 150 años y que hoy se ven despojados de sus bienes por el mismo Gobierno. ¡LAS INCONSISTENCIAS DEL GOBIERNO!

Similar al engaño perpetuado en la década de 1970, los actuales funcionarios del IDA los está solicitando y presionando para que rescindan de sus títulos de propiedad a cambio de un contrato de arriendo con el Gobierno.

Incluso, se habla de negarles cualquier donación de granos hasta tanto no accedan a la renuncia a sus derechos como propietarios. Es decir, lo que debería ser un programa social para el pequeño agricultor del Cantón más pobre del país, se ha convertido en arma de coacción.

manzanilloSegundo: Sin playas limpias y accesibles, desaparece el turismo. Igualmente desaparece el atractivo sin un poblado que ofrezca alojamiento, suministros y alimentación. Ambas condiciones están intrínsecamente ligadas y esa es la virtud de Manzanillo, Cocles, Punta Uva, Puerto Viejo y Cahuita.

De lograrse efectuar los desalojos y demoliciones que promueve el Estado a través de la Contraloría General de la República (CGR), se eliminaría gran parte de los servicios de suministro, hospedaje, alimentación y entretenimiento que ofrecen estas localidades; y amén al atractivo turístico de la zona.

Indistintamente de la validez o no, de las razones que se argumentan para justificar los desalojos y demoliciones, el resultado adverso al turismo de la zona, será la misma y la violación a los derechos de los pobladores será del mismo valor cuantitativo.

Mucho se ha hablado del impacto ambiental de algunos inmuebles nada se ha dicho sobre el impacto social de las pretendidas demoliciones y las alternativas de su mitigación, pero.

Extraña conducta del Gobierno, cuando su responsabilidad primordial es el bienestar social y económico de sus electores. Siendo la protección del ambiente, un medio para alcanzar tales propósitos y no un fin en sí mismo.

A diferencia de las Organizaciones Ambientalistas, que fueron creadas con el fin de defender la Vida Silvestre y velar por la protección del medio ambiente.

El Estado por su parte, tiene como su eterna tarea, el de lograr la mejor calidad de vida posible para los habitantes, todos los habitantes del país, incluyendo los del Caribe Sur.

Grave error cometen algunos funcionarios públicos, en operar dentro del marco filosófico y práctico del ambientalista y peor aun, aprovechar su cargo público para impulsar objetivos y agendas de las Organizaciones Ambientalistas.

Cuando se mezcla la función de gobernar con la política, religión o activismo ambiental, se termina con posiciones irreconciliables entre gobernantes y pobladores.

Esa es precisamente la posición en que hoy nos encontramos los pobladores de las costas del Caribe sur y el Gobierno del país. Razón por la cual, posiblemente este dilema tendrá que ser ventilado y resuelto por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una vez agotadas las instancias nacionales.

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