Elvis Martínez. La tenencia de armas de fuego en poder de particulares ha aumentado en cifra récord en los últimos diez años. A febrero de 2014 unas 225,348 armas, entre pistolas, revólveres y escopetas, están en manos de empresas y particulares, según un informe de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública.
El informe fue presentado por Elbert González, director de la Dirección Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, quien indicó que el aumento de tenencia de armas se debe a un incremento de la población. Por ejemplo, mientras en 1988 se estimaba en 1.936 el número de armas por cada 100 mil habitantes, para el 2014 creció a 4.721 por cada 100 mil habitantes.
En 1998 había registro de unas 55, 734 armas, para 2014 el número es de 225.348, la mayoría pistolas y revólveres.
“La población creció un 23.26 % entre el 2000 y el 2014 y la tenencia de armas en manos de particulares y empresas en un 94.68%”, manifestó González.
El funcionario señaló que el crecimiento más alto en el registro de armamento se dio en el 2008 cuando la inscripción aumentó en un 8.56 %.
Según el informe, el 73% de armas registradas está en manos de empresas de seguridad privada, varias de éstas funcionan de manera ilegal por lo que se ha abierto una investigación para su control.
Además, las armas de fuego registradas por personas extranjeras también creció. En el año 2003 se registraban 68 extranjeros con armas inscritas y en el 2013 se elevó a 6.036, un incremento de 8776 %, indica el informe.
Los datos no dejan de sorprender y de llamar la atención de las autoridades. El ministro de Seguridad, Mario Zamora abogó por un reflexión y discusión a nivel nacional sobre la tenencia de armas cada vez mayor entre las empresas y particulares.
Y es que las personas cada vez más adquieren y registran armas de mayor calibre aún con el peligro que representan. Zamora manifestó que preocupa la tenencia de armas en jóvenes menores de 24 años. Indicó que curiosamente, la mayoría de personas heridas o fallecidas con armas de fuego se encuentran en ese rango de edad, al igual que los agresores.
Y es que la mandataria Laura Chinchilla en su período de Gobierno impulsó una reforma a la Ley de Armas y Explosivos. El artículo 3 de la reforma, señala que el Gobierno podría suspender en cualquier momento los permisos otorgados para utilizar armas en el territorio nacional. Además, autoriza al Estado a suspender la importación, así como a mantener almacenadas armas, dispositivos de seguridad, explosivos y municiones.
Zamora sostiene que es urgente aprobar mecanismos legales para incautar armas a empresas de seguridad privada que laboran al margen de la ley “o bien, queden fuera del sistema permitido por alguna irregularidad”.
El siete marzo de 2013, durante una presentación ante la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, Zamora , defendió también la idea de revocar los permisos y tenencia de armas dados por el Estado cuando se presenten determinadas condiciones o en épocas de fiestas cívicas.
Sin embargo, para muchos las reformas a la Ley de Armas y Explosivos, tal y como está, es prohibicionista y limitaría el derecho de los ciudadanos a tener armas de manera legítima.
“La ley es para prohibir las armas a los delincuentes y eso no lo va a cumplir este proyecto”, indicó entonces Carlos Góngora, diputado del Movimiento Libertario y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La Reforma de la Ley de Armas y Explosivos
Además de los aspectos antes señalados la reforma a la Ley de Armas y Explosivos, contempla la prohibición de portar armas a las personas que se le dicte medidas cautelares por parte de las autoridades judiciales.
Se obliga también adquirir una póliza cuando se adquiera un arma para garantizar los derechos de terceros ante una mala utilización de las armas.
Así mismo prohíbe la asistencia a los polígonos a menores de 15 años y con tutela parental de 15 a 18 años, eso con el fin que los menores se familiaricen con el esquema armado.
La nueva legislación además prohíbe el uso de armas de cacería y aumenta las penas por infracciones.
