George Rodríguez EP. El canciller costarricense, Manuel Ventura, reafirmó, durante una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la posición de Costa Rica en el sentido de que las crisis nicaragüense y venezolana deben tener solución pacífica, informó la cancillería del país centroamericano.
Ventura formuló el planteamiento durante la reunión que desarrolló el martes, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, con el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, diálogo durante el cual ambos funcionarios abordaron, entre otros temas, esas dos situaciones.
“El Ministro Ventura reiteró la posición de Costa Rica de alcanzar en ambos casos una solución pacífica y democrática-institucional a las crisis en esos países”, indicó el ministerio, en un comunicado.
En el caso específico de Nicaragua –país limítrofe con Costa Rica-, el canciller destacó la preocupación del gobierno costarricense por que se logre la liberación de los cientos de presos políticos, en particular de la periodista nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, señaló.
En lo que tiene que ver con Venezuela, Ventura se refirió a la necesidad del ingreso de ayuda humanitaria, de acuerdo con la información oficial
El canciller “externó que algunas de los principales asuntos que concentran la atención de Costa Rica son la liberalización de todos los presos políticos en Nicaragua, especialmente de la periodista Lucía Pineda, y en Venezuela, el ingreso de la ayuda humanitaria cumpliendo con todos los principios que la rigen”, precisó el ministerio.
Venezuela registra, hace años, una crisis socioeconómica, política, y de seguridad que ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.4 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a otras naciones del área, tales como Ecuador Perú.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, y la generalizada falta de oportunidades.
En el caso de Nicaragua, la situación, estallada el 18 de abril del año pasado, ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que decenas de miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión policial y parapolicial antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
Medios de comunicación y periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales –particularmente las defensoras de los derechos humanos- han sido objetivos recientes de esa modalidad represiva.
Los gobiernos respectivamente presididos por Nicolás Maduro (Venezuela) y Daniel Ortega (Nicaragua) son permanentemente objeto de condena, lo mismo de sectores nacionales que de la comunidad internacional, contexto en el cual son definidos como dictaduras.
Durante el encuentro de Ventura y Abrão, fue confirmada la visita de trabajo que la CIDH proyecta llevar a cabo, el mes próximo, a Costa Rica, informó, además, la cancillería.
Enviados de la comisión tienen previsto permanecer los días 20 y 21 de mayo, en el país centroamericano, para monitorear el cumplimientos de las medidas cautelares que la CIDH emitió a favor de los pueblos indígenas Téribe y Bribri, en un sector del sur costarricense que ha sido escenario de conflicto por invasión de tierras por parte de personas ajenas a esas comunidades.
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