Allan Madriz | EP. Ante la necesidad de aprobar los proyectos negociados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así acceder a un crédito por $1750 millones, los tintes político electorales podrían poner trabas a este proceso.
Así lo afirma el economista, Jorge Benavides, que considera que el tiempo se acorta, mientras las discusiones se alargan y la dinámica de un año preelectoral podrían complicar el avance de estos proyectos de cara a junio.
“En un año que tendrá incluida la campaña electoral, los partidos cuentan con diputados que aspiran a ocupar cargos públicos. Esto lo que genera es que las decisiones que se tomen en los próximos meses sean calculadas y busquen ser populares. Algunas de las propuestas con el FMI, no lo son, lo que podría complicar su aprobación”, manifestó Benavides.
Uno de los proyectos fundamentales dentro del acuerdo con el FMI, es el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que debido a diferencias de criterios y algunas exclusiones, podría retrasar su avance en el Congreso.
“Ya empezaron los sectores a cambiar el proyecto de Ley. La discusión puede ser muy larga y no llegar a concluirse lo pactado antes de junio. El panorama se ve muy turbio, está muy difícil”, agregó el economista.
Para Benavides, los temas que incluyen nuevos impuestos no son populares y podrían atrasarse, tomando en cuenta que este año es clave para que los partidos políticos logren la aprobación de la ciudadanía de cara a las elecciones del 2022.
El economista señala que existe posibilidad de que se caiga esta negociación, sin embargo, dependerá de la voluntad política y el liderazgo del gobierno para sacar adelante las iniciativas.
Costa Rica tiene tres meses para aprobar los proyectos negociados con el FMI y así acceder a un crédito por $1750 millones que permita brindarle un alivio fiscal al país.
Otros de los proyectos que están en la negociación abarcan un impuesto a los premios de la lotería, una reforma a la Ley de Aduanas, renta global dual, reducción de plazas y congelamiento de pensiones, así como un impuesto a las casas de lujo, entre otros.
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