Aarón Chinchilla EP. | Los gobernadores de los nueve estados que conforman la Amazonía han pedido al ultraderechista presidente Jair Bolsonaro, que el gobierno federal acepte los recursos ofrecidos por el G7 para combatir la quema de la selva amazónica.
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En medio de una serie de incendios que consumen el denominado pulmón del mundo, Bolsonaro se reunió con los gobernadores de Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondonia, Roraima y Tocantins, los cuales le pidieron que acepte los 20 millones de dólares que ofreció el G-7 para frenar el siniestro.
Asimismo, le pidieron que tramitara la segunda etapa planteada por el G-7 que, sería un proceso de reforestación en la Amazonía y activación de brigadas especiales y expertos en combate del fuego, “respetando la soberanía pero cooperando para cuidar mejor la biodiversidad”. Todo esto dirigido por Chile.
“No es correcto renunciar a ingresos, recursos”, dijo el gobernador de Pará, Helder Barbalho.
Los gobernadores también pidieron al gobierno federal que ejecute un programa que aliente la regularización de la tierra.
“Esto permitirá garantizar el buen uso de la tierra en la Amazonía sin ningún tipo de discurso sobre terrorismo ambiental”, dijo el gobernador de Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).
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La manifestación se produce después de que Bolsonaro señalara que rechazaría la propuesta del G-7 si el presidente francés Emmanuel Macron, con quien ha tenido un enfrentamiento verbal en los últimos días sobre el tema, no retira “los insultos” hechos a Brasil.
Entre enero y el 21 de agosto se han registrado 75.336 focos de incendio en la Amazonía, es decir, un 84% más que en el mismo periodo de 2018, según datos del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). Ese número muestra un aumento de 2.493 focos respecto al lunes anterior.
La situación en la selva tropical es alarmante y la Fiscalía General anunció que empezará una investigación sobre el aumento de la deforestación y de los incendios forestales en el estado amazónico de Pará y otras zonas de Brasil; esto con el fin de determinar si se ha reducido el control de las autoridades o desaplicado las normas de protección ambiental vigentes en el país sudamericano.
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