Bolivia: Gobierno de facto otorga total inmunidad a militares y policías para reprimir a manifestantes

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Aarón Chinchilla EP. | A través de un decreto, la presidenta interina autoproclamada de Bolivia, Jeanine Áñez, eximió de toda responsabilidad penal a militares y policías que actúen “en legítima defensa o estado de necesidad” en las protestas que se realicen en contra del Gobierno, lo que ha causado una alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos.

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El Decreto 4078 deslinda de cualquier responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública” y además, se detalla que los cuerpos de seguridad podrán  “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

En rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de La Paz, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que la medida dictada el pasado viernes “no contribuye a ningún estado de mayor violencia” sino que es un instrumento para “contribuir a la paz social”.

El decreto autoriza a que los grupos de seguridad, Policía y Fuerzas Armadas, para que puedan actuar en cumplimiento y el resguardo del orden”.

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El decreto disparó la preocupación de varias organizaciones. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo condenó inmediatamente y aseguró que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH).

Por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, denunció la comisión.

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, demandó la derogación inmediata del 4078

Este decreto sienta un precedente peligroso. No se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente”, manifestó.

Otra de las voces críticas fue Evo Morales, ex presidente boliviano, quien aseguró que el decreto es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”.

La CIDH ha elevado a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre.

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