Elvis Martinez | El Periódicocr.com
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida este sábado por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración para derrocar al expresidente Evo Morales. Tanto a Áñez como a cinco de sus entonces ministros se les acusa de perpetrar delitos de lesa humanidad, principalmente contra población indígena posterior al golpe de estado.
La redada para dar con el paradero de Áñez y sus exministros fue encabezada por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, y provocado una serie de señalamientos y disconformidad por parte de los seguidores de Áñez.
Horas antes de la aprehensión de Áñez, la policía boliviana también informó de la detención del exministro de Justicia Álvaro Coímbra, y el de Energía,Álvaro Rodrigo Guzmán. Los otros ministros buscados por la justicia boliviana son Arturo Murillo, Yerko Núñez y Fernando López a los cuales también se les vincula con los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.
Áñez se mantiene en una cárcel de La Paz, luego de ser arrestada la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni. Tanto para ella como para los exministros transitorios, la Fiscalía boliviana solicitó seis meses de detención preventiva.
La detención de Áñez y su exministros reabre las heridas del golpe de estado perpetrado contra Morales y las posteriores matanzas provocadas durante las manifestaciones de partidarios de Morales. Ha reavivado además las tenciones políticas entre sectores ultraconservadores y la izquierda en el poder, represetado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
“La persecución política ha comenzado”, expresó en Twitter la Exmandataria tras conocerse la detención de dos de sus exministros.
Tras su detención, la exmandataria envió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva” su arresto y el de sus dos exministros.
En las misivas denuncia una “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Al respecto el ministro de Justicia Iván Lima, rechazó un manejo política de la Fiscalía en las detenciones.
“Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020 (…). Este gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, explicó el ministro de Gobierno.
La denuncia contra la exmandadataria y sus ministros fue puesta por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales. En la misma argumentaba que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
En su Twitter, el expresidente Evo Morales (2006-2019) pidió sanciones con los responsables.
“Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores ycómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”,expresó Morales.
Áñez reemplazó a Morales tras su salida abrupta en noviembre de 2019 en medio de fuertes protestas. Durante su mandato los bolivianos y el mundo fue testigo de constantes represiones contra sus adversarios políticos simpatizantes de Evo Morales y de ataque a civiles en ciudades como la Paz.
Áñez ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020, luego que el partido socialista MAS de Evo Morales arrasara en las elecciones de octubre y eligiera al actual presidente Luis Arce.
