Allan Madriz| EP. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz por el cierre forzado que realizó un grupo de personas el jueves 30 de noviembre en el Colegio Técnico de Sardinal, de Guanacaste.
Según indicó la institución, este grupo de vecinos impidió la presentación de un estudio del proyecto de ampliación del acueducto Sardinal-El Coco-Ocotal a la comunidad, así como la salida de los funcionarios de Senara, AyA, Minae y UCR que se encontraban dentro del recinto.
“La institución utilizará los mecanismos legales disponibles para mantener el orden y asegurar el avance de esta obra pública que garantizará el derecho humano al agua potable en el distrito”, explicó el gerente general del AyA, Manuel Salas.
La situación se agravó este martes 5 de diciembre en Sardinal, después de que se produjeran una serie de enfrentamientos entre un grupo de vecinos y oficiales de Seguridad Pública, quienes lanzaron gases lacrimógenos a los opositores al proyecto.
La versión del AyA y de Seguridad Pública, es que alrededor de las las 6:30 a.m. de este martes, un grupo de personas atacó a pedradas a los funcionarios presentes.
El AyA aseguró que la ampliación del acueducto cuenta con los estudios hidrogeológicos del Comité Técnico Interinstitucional (Senara, AyA, Minae y UCR) y con los permisos técnicos y ambientales necesarios.
Posición de grupo de manifestantes de Sardinal
El grupo de personas involucradas en las manifestaciones contra la ampliación del acueducto, argumentan que los oficiales la Fuerza Pública y de la GAO trataron de arrestar sin motivo a una persona menor de edad, por lo cual procedieron a defender al menor.
Seguidamente inicia el conflicto en el lugar, donde los oficiales antimotines lanzan los gases lacrimógenos, los cuales afectaron a varios niños residentes de casas aledañas en la zona.
Los vecinos señalan que después de las manifestaciones realizadas este martes, los oficiales de la Fuerza Pública procedieron a la detención “arbitraria” de seis personas, las cuales serían procesadas por flagrancia.
Los manifestantes aseguran que las obras de ampliación del acueducto pretenden beneficiar a grandes empresarios de proyectos hoteleros, afectando el abastecimiento de agua de los vecinos en Sardinal, Guanacaste.
