George Rodríguez EP. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) recomendó, este domingo, al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, evaluare los planteamientos críticos que la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha formulado respecto a la violenta crisis nacional.
“Siempre, una observación tiene fundamentos. Yo creo que, por eso, hay que evaluarla bien, y aquellas cosas que haya que cambiar, pues hay que cambiarlas, para el bien del país”, expresó Brenes, en declaraciones a periodistas, en Managua, la capital nacional.
Las críticas, cuando tienen base, deben ser objeto de análisis, pero, si no la tiene, no deben ser causa de preocupación, aseguró el cardenal, quien también es arzobispo de Managua.
“Cuando se nos hace una crítica, una observación, si tiene fundamento, pues analicémosla bien, revisémosla, interioricémosla, y tratemos de cambiar. Si la observación que nos hacen no tiene fundamentos, tenemos que quedarnos tranquilos”, indicó, asimismo, a manera de recomendación.
El sacerdote formuló las declaraciones cinco días antes de la fecha para la cual está convocado el Consejo Permanente de la OEA, con el propósito de continuar abordando la violenta crisis sociopolítica que hace más de ocho meses golpea al país centroamericano.
La organización continental viene realizando infructuosos esfuerzos por ayudar a encontrar solución a la dramática situación, iniciativas que han chocado contra el rechazo del régimen.
Se trata de acciones tales como la creación del Grupo de Trabajo para Nicaragua, instancia establecida, por el Consejo Permanente, para coadyuvar en el proceso de diálogo y en la búsqueda de solución pacífica a la crisis.
El grupo está constituido por doce países integrantes de la organización continental -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, Guyana, México, Panamá y Perú-.
Asimismo, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA creo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
Sin embargo, la cancillería nicaragüense decidió, el 19 de diciembre, expulsar a ambos equipos de la CIDH, además de suspender las visitas, de la comisión, al país.
El consejo está convocado para reunirse en sesión extraordinaria, el 11 de este mes, para seguir abordando la crisis nicaragüense.
La solicitud de convocatoria inmediata a la reunión fue formulada el 28 de diciembre, mediante nota a la presidencia del consejo –entonces ejercida por Costa Rica-, por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien planteó que, en Nicaragua, “se ha producido allí una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático”.
Ante tal contexto, es necesario que el organismo evalúe la situación, señaló Almagro.
“El Consejo Permanente deberá con urgencia realizar una apreciación colectiva de la situación con el fin de adoptar las decisiones que estime convenientes”, precisó.
La convocatoria se concretó el 3 de enero, por parte de la presidencia del organismo –ahora desempeñada por El Salvador-.
En el texto de seis líneas, la presidencia indicó que, “por solicitud del Secretario General de la Organización (…) convoca a una sesión extraordinaria del Consejo para el viernes 11 de enero de 2019, a las 10:00 a.m., en el Salón Simón Bolívar con el objeto de ‘Considerar la situación en Nicaragua’”.
Almagro formuló la solicitud de sesión un día después de que el Consejo Permanente de la OEA se reunió para abordar la crisis nicaragüense.
Durante esa Sesión Especial, llevada a cabo el 27 de diciembre, la CIDH presentó, al consejo, el documento del Giei titulado “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018” -cuyo contenido incluye la denuncia de comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país, en el marco de la violenta crisis-.
La dramática situación nicaragüense, estallada el 18 de abril, se caracteriza por la represión policial y parapolicial antiopositora, que ha cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
