George Rodríguez EP. Analistas diplomáticos nicaragüenses señalaron este jueves como poco probable el encuentro que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo recientemente que está dispuesto a desarrollar con su contraparte estadounidense, Donald Trump, en el marco del 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El ex embajador en Naciones Unidas Julio Icaza y el ex vicecanciller José Pallais indicaron, en declaraciones por separado al diario nicaragüense La Prensa, que Ortega procurará convencer a la comunidad internacional de que no es responsable la violenta crisis política que golpea a Nicaragua, y que la dramática situación constituye un intento de golpe de Estado.
Pallais considera que el señalado encuentro entre ambos mandatarios es improbable, y que, en el caso de que ocurra no resultará en nada “más que obtener la foto”.
Según el ex viceministro, uno de los temas prioritarios de Trump consiste en las elecciones de medio período, a llevarse a cabo en noviembre en Estados Unidos, comicios en los cuales el opositor Partido Demócrata se esforzará por recuperarse de la derrota electoral de 2016, cuando el actual mandatario ganó la contienda presidencial.
“El presidente Trump está enfocado en el tema electoral de noviembre por que su Partido Republicano conserve la mayoría del Congreso y el Senado, y para ello es esencial el apoyo del voto de la Florida y no veo que ponga en riesgo el lobby de los congresistas de ala dura y respetados de ese estado por reducir la presión a Ortega”, explicó.
Pallais aludió así a legisladores cubanoestadounidenses de ese sudoriental estado norteamericano, como Ileana Ros-Lehtinen y Marco Rubio, quienes son tenaces críticos de Ortega, a quien señalan como responsable –junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo- de la violencia sociopolítica que hace más de cuatro meses convulsiona a Nicaragua.
Respecto al posible discurso del presidente nicaragüense en la Asamblea General, Icaza vaticinó que su “versión esquizofrénica de los hechos no cambiará la opinión basada en los informes de las organizaciones especializadas de Naciones Unidas y la prensa internacional y que ya ha sido declarada y sentada públicamente por numerosos gobiernos”.
El ex embajador aludió así a informes tales como los emitidos, respecto a la crisis nicaragüense, entre otros organismos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), documentos severamente descalificados por el mandatario nicaragüense.
En ese sentido, Pallais pronosticó que Ortega no tendrá éxito en lo que describió como “la campaña de publicidad” gubernamental, referida al denunciado intento golpista y consistente en “contradecir la realidad que reflejan las misiones de la CIDH y de la misma ONU”.
El ex vicecanciller advirtió, asimismo, que promoverse como dirigente izquierdista víctima de un intento golpista promovido por Estados Unidos puede ser riesgoso para el mandatario, “porque un fracaso pesará mucho en su imagen política y podría irritar más al gobierno norteamericano”, contexto en el cual “Ortega puede provocar que las sanciones en su contra sean inmediatas”.
En ese sentido, Icaza cuestionó la actitud del presidente nicaragüense de proyectarse como representante e interlocutor de América Latina ante Trump.
Ortega actúa de ese modo “sin tomar en cuenta que todos los países más importantes de la región no solo no lo necesitan para manejar sus relaciones con Washington, sino que consideran un insulto semejante arrogancia, sobre todo viniendo de quien ha sido condenado en reiteradas veces por sus crímenes de lesa humanidad”, afirmó.
La más reciente participación de Ortega en una sesión de la Asamblea General tuvo lugar en 2007, el primer año de su presente período presidencial (2007-2011, 2011-2017, 2017-2022), en el cual se ha mantenido en el poder mediante cuestionadas reelecciones.
En una entrevista con un medio de comunicación francés, difundida el 10 de este mes, el mandatario expresó disposición a dialogar con Trump.
El inminente período de sesiones de la Asamblea General sería un escenario adecuado para ello, aseguró en la entrevista con el canal de televisión France 24 citada ese día por la Agencia Francesa de Prensa (AFP).
“Yo he dicho que estoy dispuesto a conversar con él”, aseguró el mandatario nicaragüense, quien agregó que “el principio del intercambio, del diálogo con una potencia como Estados Unidos (…) es algo necesario e imprescindible”, y señaló que la próxima sesión de la Asamblea General “podría ser una oportunidad”, una reunión a la que “me gustaría ir”.
No obstante, Ortega denunció que Nicaragua está permanentemente amenazada por Estados Unidos, lo que plantea el potencial riesgo de una acción armada.
“Sencillamente estamos bajo la amenaza”, aseguró, para advertir que, “de Estados Unidos, no se puede descartar nada, incluso una intervención de tipo militar”.
Ortega hizo referencia a que, durante el gobierno revolucionario (1979-1990) –en el cual también fue presidente-, Estados Unidos financió a una fuerza contrarrevolucionaria armada –la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), popularmente conocida como “la contrarrevolución” o “la contra”-.
El mandatario aseguró que, actualmente, “hay grupos armados uniformados (…) entrenados por Estados Unidos”.
En ese sentido, en declaraciones que formuló el domingo a la radioemisora alemana Deutsche Welle, responsabilizó al gobierno de ese país por el intento de golpe de Estado, su definición de la crisis sociopolítica.
“Aquí, lo que ha sucedido en estos momentos es un intento de Golpe de Estado”, y “los golpistas son las fuerzas alimentadas, financiadas, por los Estados Unidos de Norteamérica y que han estado haciendo presión”, indicó el mandatario, quien describió a esas fuerzas como “un segmento donde se combinan partidos políticos de derechas con ONG’s (organizaciones no gubernamentales)”, señaló.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La crisis también ha causado daño en gran escala a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de ciento de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
