George Rodríguez EP. Las violaciones a los derechos humanos cometidos desde 2014 en Venezuela, particularmente en enero de 2019, configurarían crímenes de lesa humanidad como parte de una estrategia oficial antiopositora, denunció la organización defensora de derechosa humanos Amnistía Internacional (AI), en un informe que dio a conocer este martes.
Las violaciones a las garantías fundamentales fueron cometidas por fuerzas de seguridad en los 23 estados venezolanos, aseguró AI, en el extenso documento que tituló “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
“Existen razones fundadas para sostener que los hechos analizados en este informe y en otros informes previos de Amnistía Internacional, configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes por parte de agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento de aquéllos”, indicó
La represión ha sido lo mismo general que selectiva, con el propósito, del régimen encabezado por el cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, de disuadir y hasta eliminar a opositores, aseguró la entidad internacional con sede en Londres.
“Los múltiples actos de violencia documentados respondieron a una política de ataque sistemático y generalizado, selectivo en algunos casos e indiscriminado en otros, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro para disuadir, neutralizar o en su caso, eliminar a aquellas personas opositoras o percibidas como tales”, aseguró.
La práctica represiva, que data desde 2014, registró, en 2017, un período de particular violencia, precisó, en el informe de 52 páginas.
“Este patrón es consistente con las prácticas de represión contra la población civil implementadas desde el 2014, y que tuvo una de sus expresiones más fuertes en 2017”, indicó.
Enero de 2019 también marcó un periodo de represión particularmente fuerte, a nivel nacional, agregó.
“El análisis de estas violaciones arroja que durante el mes de enero de 2019 se cometieron múltiples actos de violencia, llevados a cabo consistentemente en todos los estados del país, y con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. Asimismo, las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo a Nicolás Maduro, habrían por lo menos, tolerado dichos ataques”, puntualizó.
Se trata de acciones represivas que fueron lanzadas contra una población meta: opositores o sospechosos de serlo, indicó, asimismo, para señalar que esas agresiones han sido del conocimiento de las más altas autoridades venezolanas.
“Esta investigación demuestra que las violaciones de derechos humanos no fueron al azar, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido contra una población civil distinguible: aquellas personas opositoras o percibidas como tal por el gobierno, que en ocasiones, fueron identificadas de forma precisa como blancos por parte de los atacantes. Además, estos hechos fueron públicos y notorios, es decir, las autoridades hasta el más alto nivel supieron de su ocurrencia”, explicó.
Durante el período específico del 21 al 25 de enero de este año, además de intensificar la represión, las autoridades –incluidos funcionarios en los niveles superiores gubernamentales- se dedicaron a estigmatizar a los participantes en masivas manifestaciones opositoras, agregó.
“La comisión de estas violaciones fue una decisión que se mantuvo durante un tiempo en el cual no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlas. A lo largo de ese lapso existió un discurso hasta el más alto nivel de respaldo de la fuerza pública, de estigmatización de los manifestantes, de negación de las causas subyacentes de la protesta social y de invisibilización de las víctimas”, denunció, además.
AI formuló, como parte del informe, una serie de recomendaciones para hacer frente a la dramática situación venezolana.
En lo que tiene que ver con el régimen madurista, la organización indicó, entre otros planteamientos, que “demanda el cese inmediato de la política de represión en contra de la población venezolana por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro la cual ha servido como marco para cometer crímenes de lesa humanidad”.
Respecto a la comunidad internacional, planteó, entre otras propuestas, la necesidad de recurrir a diversos mecanismos con jurisdicción global que apuntan e combatir la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad.
“Amnistía Internacional recomienda la activación de algunos de los mecanismos internacionales vigentes para la lucha contra la impunidad y la no repetición como: 1) la Corte Penal Internacional; 2) las jurisdicciones nacionales que cuentan con jurisdicción universal; 3) la creación de una comisión internacional de investigación”, sugirió, en ese sentido.
La crisis humanitaria, política, y de seguridad venezolana ha generado el éxodo que, de acuerdo con diversos cálculos, han emprendido alrededor de 3.7 millones de personas quienes, vía terrestre, se han desplazado a países sudamericanos tales como los limítrofes Brasil y Colombia, lo mismo que a Ecuador y Perú, y, en menor grado, a otras naciones del área.
Además de la represión antiopositora por parte del régimen madurista, los migrantes denuncian, entre otros factores causantes del éxodo, la masiva escasez de alimentos básicos y medicinas, el marcadamente bajo poder adquisitivo de los salarios, la constante violación de los derechos humanos, y la generalizada falta de oportunidades.
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