George Rodríguez EP. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se declaró este viernes altamente alarmada por la expulsión de los dos grupos de trabajo con los cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contaba en Nicaragua, y por la suspensión gubernamental de visitas a ese país por parte de la comisión.
“Estoy muy alarmada por el anuncio realizado por el gobierno de Nicaragua solicitando a dos importantes instituciones de derechos humanos establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que abandonen el país”, además de que “el gobierno ha anunciado que no aceptará visitas de seguimiento por parte de la CIDH”, expresó Bachelet, en una declaración escrita.
La medida se suma a la reciente anulación de personería jurídica y los allanamientos policiales que nueve organizaciones no gubernamentales y cuatro medios de comunicación nicaragüenses sufrieron la semana pasada, indicó Bachelet, una ex presidenta de Chile (2006-2010, 2014-2018) y ex prisionera política durante la dictadura militar de ese país (1973-1990).
“Después de la reciente cancelación de la personería jurídica y confiscación de propiedades de las ONG nacionales que trabajan por los derechos humanos, la expulsión de facto de los dos organismos de la CIDH (…) deja prácticamente al país sin órganos de derechos humanos independientes funcionando en Nicaragua”, denunció.
La comisionada precisó que el Giei y el Meseni fueron establecidos en acuerdo con el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La acción gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni, “junto con los ataques a los medios de comunicación independientes del pasado fin de semana, tiene como consecuencia un país donde la sociedad civil está en peligro de ser completamente desarticulada y donde las organizaciones internacionales están luchando para seguir trabajando”, advirtió.
Tales medidas obstruyen la búsqueda de solución a la violenta crisis sociopolítica que hace ocho meses golpea a Nicaragua, señaló.
“Estas medidas por parte del Gobierno hacen que la resolución de la crisis que afecta al país sea mucho más difícil y pone en riesgo el diálogo nacional, con los Estados vecinos y con la comunidad internacional en general, con graves consecuencias”, planteó Bachelet, quien agregó que “espero que podamos encontrar puntos de entendimiento con el Gobierno para revertir esta tendencia”.
La comisionada aludió así al Diálogo Nacional que, convocado por el gobierno con miras a lograr solución negociada a la crisis nicaragüense, ha contado con la participación de cinco de los 10 obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), en calidad de Comisión de Mediación y Testigo.
Las conversaciones fueron instaladas a mediados de mayo, pero las irreconciliables posiciones de ambas partes –gobierno y oposición- determinaron, semanas después –y luego de varias interrupciones-, la suspensión de las deliberaciones, situación que persiste.
La participación de los obispos, en el diálogo, ha sido objeto de fuertes acusaciones por parte de Ortega, quien sostiene que la actual crisis nacional obedece a un frustrado golpe de Estado en el cual, según afirmó en un acto público realizado el 19 de julio en Managua, el episcopado tuvo participación.
Constituido en junio, el Meseni tiene, entre otros cometidos, el de monitorear, en el terreno, el estado de las garantías fundamentales en el país.
Por su parte, el Giei, creado mediante acuerdo entre la OEA y el régimen de Ortega -documento suscrito el 30 de mayo, en la sede de la entidad continental, en Washington-, está encargado de promover la investigación de los hechos de violencia registrados en el marco de la dramática situación nicaragüense.
La decisión gubernamental contra la CIDH, el Giei y el Meseni se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
