George Rodríguez EP. Es necesario llevar a cabo elecciones en Nicaragua, y que la democracia se restablezca en ese país centroamericano, aseguró en declaraciones publicadas este domingo en Chile, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
También es necesario que se reactive el interrumpido Diálogo Nacional, cuyo objetivo central consisten en producir una solución negociada a la violenta crisis sociopolítica que convulsiona a Nicaragua, planteó Almagro, en entrevista con el diario chileno El Mercurio.
“Nicaragua necesita elecciones”, aseguró el jerarca de la OEA, quien agregó que el país “necesita reinstitucionalizarse, redemocratizarse”.
El contexto de violencia en que se enmarca esa dramática situación causando daño en gran escala, advirtió Almagro, un ex canciller uruguayo.
“Nicaragua es hoy víctima de violencia, represión y asesinatos, cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país”, señaló.
La opción del diálogo como instrumento para forjar una solución a la crisis se mantiene vigente para la OEA, algunas de cuyas iniciativas para hacer frente a la situación vienen siendo fuertemente cuestionadas por el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
Entre esas iniciativas figura, como elemento más reciente, la creación del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos Independientes (GIEI), cuyo cometido consiste en ayudar en la investigación local de incidentes enmarcados en la violencia que ha cobrado cientos de vidas, equipo integrado por doce países que, en la visión del gobierno de Ortega, es un instrumento de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
La OEA respalda las actualmente suspendidas conversaciones gobierno-oposición, cuyo reinicio “es cuestión de voluntad política”, expresó el secretario general, quien aseguró, además, que “nosotros vamos a seguir insistiendo en volver al diálogo por todos los medios posibles”.
Promovido por el gobierno y con la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadora y testigo, el Diálogo Nacional fue instalado en Managua, la capital nacional, el 16 de mayo– casi un mes después de estallada la crisis.
Sin embargo, las conversaciones se han mantenido interrumpidas, la mayor Parte del tiempo –situación actualmente imperante-, a causa de las posiciones irreconciliablemente antagónicas de los dos actores centrales –el gobierno representado por una delegación presidida por el canciller, Denis Moncada, y la oposición representada por la multisectorial Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia-.
Uno de los puntos de desacuerdo radica, precisamente, en el tema electoral, ya que la oposición plantea la necesidad de que los comicios programados para 2021 sean adelantados al inicio de 2019, como manera de lograr la salida, del poder, de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
El presidente –quien asegura que la crisis es resultado del intento en marcha por derrocar al gobierno mediante un golpe de Estado- ha manifestado que un grupo de golpistas no puede cambiar lo establecido en la Constitución, y ha planteado que habrá tiempo para levar a cabo los comicios.
Durante una concentración pública en apoyo a su gobierno, Ortega advirtió el 7 de julio que, “aquí, las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden a venir a cambiarlas, de la noche a la mañana, simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas”.
Además, manifestó que quien aspire a gobernar, debe hacerlo mediante el voto.
“Si los golpistas quieren llegar al gobierno, pues que busquen el voto del pueblo, y ya veremos si el pueblo les va a dar el voto a los golpistas, que han provocado tanta destrucción en estos días. Ya habrá tiempo, tal y como lo manda la Ley, habrá tiempo para las elecciones. Todo tiene su tiempo”, aseguró.
Estallada el 18 de abril, en torno a un fallido decreto presidencial que procuraba reformar el régimen de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la violencia que se enmarca en la presente crisis política, ha cobrado casi 500 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, además de estar causando daño en gran proporción a la economía del país.
Logrado, mediante manifestaciones callejeras, el retiro del decreto, la masiva oposición antigubernamental centró –y mantiene- la protesta popular en la exigencia de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos, demanda que no es atendida por la pareja presidencial, la que, en respuesta, intensificó la represión policial y parapolicial antiopositora.
