George Rodríguez EP. La continuidad de la represión gubernamental en Nicaragua obligará a aplicar la Carta Democrática Interamericana, advirtió este viernes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
El derramamiento de sangre que está ocurriendo en el marco de la violenta crisis sociopolítica que hace seis meses convulsiona a ese país centroamericano sólo genera mayor sufrimiento a la población, de acuerdo con lo planteado por Almagro, al participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación nicaragüense.
La reunión fue convocada por Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua.
“La continuidad de las políticas represivas, obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la carta democrática interamericana”, advirtió Almagro, un ex canciller uruguayo.
Esa norma determina que el Consejo Permanente adopte las decisiones que estime conveniente, en el caso de la ruptura del orden constitucional en un país miembro de la OEA.
En su artículo 19, el documento prevé la suspensión, del país de que se trate, de la organización americana.
“Hoy sucede, exactamente, algo terrible en Nicaragua. Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, inquirir, reclamar, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia. Nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor”, planteó el jerarca de la OEA.
El entendimiento entre los nicaragüenses resulta imprescindible, indicó Almagro, en alusión a la necesidad de reactivar el suspendido Diálogo Nacional.
“Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse, es imprescindible ese compromiso del Gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento”, recomendó.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, explicó que la represión por parte del régimen nicaragüense, presidido por Daniel Ortega, ha consistido en lo que describió como tres etapas.
A las “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e irregularidades en procesos judiciales” de la primera etapa, siguieron, respectivamente, la “operación limpieza” –remoción de bloqueos viales-, persecución de dirigentes estudiantiles y participantes en los “tranques” –bloqueos viales-, indicó.
La CIDH observa la persistente manipulación de mecanismos legales, en violación de los derechos de los detenidos –particularmente en los casos de mujeres-, aseguró, asimismo.
“La Comisión ha detectado una criminalización de las protestas y una violación de derechos de las mujeres, audiencias junciales que deberían realizarse de manera pública se hacen a puerta cerradas. Los mecanismos legales se han utilizado para condenar a los adversarios, y eso no favorece al diálogo porque deja sin justicia a los que más han sufrido”, informó.
En respuesta a los planteamientos de Almagro y Abrão, el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, acusó a la CIDH de servir a los grupos promotores de lo que el régimen orteguista describe como un intento golpista con apoyo de Estados Unidos.
La comisión “funciona como una ONG más al servicio de los grupos que promueven e intentan generar un golpe de estado al gobierno nicaragüense”, lo que “explica la naturaleza agresiva y visceral de sus pronunciamientos que no son más que la reproducción del discurso de los grupos opositores radicales pro golpe de estado en Nicaragua, y el descarado acompañamiento que realizan a todos los mítines de los opositores golpistas en este país”, dijo Alvarado.
Las agencias de la OEA no son neutrales, aseguró.
“No tenemos, en la OEA, organismos neutrales de derechos humanos. Por el contrario tenemos informes subjetivos, parcializados y con un doble rasero”, expresó.
El representante de Nicaragua formuló una exhortación a los países integrantes de la OEA a abstenerse de vincularse de toda acción desestabilizadora contra esa nación.
“Hacemos un respetuoso llamado a los estados miembros de esta organización a desasociarse de las acciones desestabilizadoras y golpistas que promueven los sectores ultraderechistas de los Estados Unidos en contra de nuestro país, y les exhortamos respetuosamente a que cesen sus acciones injerencistas y hostiles en contra de Nicaragua, país que sostiene relaciones normales con todos ustedes”, dijo.
La sesión del Consejo Permanente se enmarcó en la violenta crisis sociopolítica estallada el 18 de abril y que, hasta ahora, presenta saldo de aproximadamente 500 víctimas fatales, miles de detenidos, heridos, y desaparecidos, daño masivo a la economía nacional, y la emigración de decenas de miles de personas –principalmente a la vecina Costa Rica-.
Las manifestaciones masivas, en apoyo a la exigencia de renuncia por parte de Ortega lo mismo que su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, son reprimidas por agentes policiales –principalmente antidisturbios- y grupos parapoliciales, en general, actuando conjuntamente.
La represión antiopositora se lleva a cabo lo mismo masivamente, contra marchas callejeras y otras actividades públicas, que selectivamente, mediante detenciones y ajusticiamientos de opositores quienes son blanco de búsqueda individual.
