George Rodríguez EP. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó este jueves al régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, a asumir su responsabilidad en materia de violaciones a los derechos humanos.
El régimen de Nicaragua carece de credibilidad a nivel internacional, aseguró, asimismo, Almagro, al participar en la Sesión Especial convocada por el Consejo Permanente de la OEA para abordar la violenta crisis sociopolítica que hace algo más de ocho meses afecta a ese país centroamericano.
Almagro refutó los señalamientos del gobierno nicaragüense en el sentido de que actúa según los intereses de Estados Unidos, contrarios a los de Nicaragua.
“No soy yo el responsable de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura en Nicaragua. Asuman su responsabilidad, sean dignos. Se han perdido la credibilidad en la comunidad internacional. No pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron”, planteó.
El secretario general hizo así referencia al gobierno revolucionario (1979-1990) que, con Ortega al frente, dirigió a Nicaragua, tras el derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza que, durante cuatro décadas, se mantuvo en el poder en ese país centroamericano.
“Decepciona que el mismo revolucionario que ayudó a terminar con una dictadura familiar y entregó el poder por la vía pacífica y democrática, hoy por hoy, no asume la responsabilidad del Estado en materia de asesinatos extrajudiciales, de torturas, de mantener presos políticos, de intimidar, de perseguir a ciudadanos supuestos terroristas que no están de acuerdo con su Gobierno”, afirmó.
Almagro aludió a la transición presidencial, en 1990 -tras la primera derrota electoral, ese año, del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)-, de Ortega a Violeta Chamorro (1990-1997).
En el marco del proceso de centralización del poder, culminado en la presente crisis nacional, los nicaragüenses carecen de opciones de denuncia en materia de violación de derechos, lo que ha culminado en la expulsión, de Nicaragua, de los dos equipos de trabajo con los que, en ese país, contaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni)-.
La cancillería nicaragüense expulsó, el 19 de diciembre, a ambas entidades, fecha en la cual, simultáneamente decidido suspender las visitas de la CIDH, al país.
“El Estado de derecho es la esencia misma de la democracia, no con un sentido de justicia innecesario sino porque es un fundamento mismo de la preservación de garantías fundamentales de libertades y derechos. Los nicaragüenses han sido despojados de todos los mecanismos y medios de denuncias y justicia. Primero, con la coaptación del poder judicial, luego, con la criminalización de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y, ahora, con la expulsión del Meseni y el Giei”, precisó.
De ese modo, el Estado nicaragüense está ignorando sus obligaciones en materia democrática.
“A la Secretaría General lo que le interesa es que el Estado nicaragüense cumpla con la normativa interamericana que cumpla para bien de la gente nicaragüense, y es lamentable que, en esta coyuntura, el Estado nicaragüense se muestre lejos de cumplir con sus obligaciones contraídas a nivel internacional para con la democracia y los derechos humanos. La prueba más clara es la existencia de presos políticos en su país y la tortura denunciada”, planteó Almagro, y agregó que “es inconcebible que sea así”.
El cometido de los dos equipos expulsados de Nicaragua consistía velar por los derechos humanos tanto de las víctimas de la represión como de sus familiares, sin perjuicio de tendencias políticas, no para agradar al régimen, subrayó.
“La misión de la CIDH del Meseni y el GIEI en Nicaragua es estar con los familiares de los asesinados en búsqueda de la verdad, fuera de Nicaragua es investigar y velar por los derechos humanos de las víctimas y sus familiares fueran del bando que sea, no estuvieron ahí para favorecer la versión oficial ni cumplir con sus expectativas y guion. Trabajaron para abogar por los intereses de las víctimas y denunciar un Gobierno que viene adoptando rasgos de dictaduras”, aseguró.
La sesión del Consejo Permanente, presidida por Costa Rica, fue convocada –a solicitud de Canadá, en nombre del Grupo de Trabajo para Nicaragua- “para considerar la situación en Nicaragua”, de acuerdo con lo informado, por la OEA, en su sitio en Internet.
El grupo de trabajo –integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú- fue constituido, el 2 de agosto, por el Consejo Permanente, para, entre otros objetivos, ayudar en la búsqueda de solución a la crisis nicaragüense.
La reunión se llevó a cabo mientras en Nicaragua persiste la violenta crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, habiendo cobrado centenares de vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual-.
