Por Fiorella Carmona
Las candidaturas a la Defensoría de los Habitantes tienen inquieto al Sector Agropecuario, principalmente por el perfil liberal-importador del candidato Erick Ulate, la carta negociada por Eliécer Feinzaig con el Gobierno, el PUSC y Nueva República para el puesto.
La Alianza Nacional Agropecuaria (A.N.A) y sus representantes, manifestaron su preocupación ante los jefes de fracción pues consideran que los aspirantes a jefear la Defensoría no tienen vocación de apoyo al sector Agrícola.
Representantes de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional); la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV), La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), y el Frente Agroindustrial Cooperativo (FAC) consideran que Erick Ulate, el candidato del Gobierno y el PLP representa más los intereses de los importadores que de los productores.
La preocupación principal de este sector es que en la Asamblea “se vaya a elegir como Defensor de los Habitantes a alguien que históricamente haya defendido los productos importados por encima de la producción nacional”.
Poca simpatía
No solo el sector agro se muestra insatisfecho con Ulate; ya hubo un pronunciamiento por parte del Colectivo de Discapacidad y la Federación de Estudiantes de la UNA (FEUNA), quienes apuntan a que es incongruente que Ulate vaya a desempeñar ese puesto.
Al liberal le cobran que, como directivo del CTP apoyó el controversial proyecto 22.530 que prentendía ampliar la vida útil de los autobuses.
El movimiento de discapacidad manifestó lo siguiente:
“Nosotros nos oponemos rotundamente a la candidatura del señor Erick Ulate, pues el mismo ya demostró con su actuar que no le interesa velar por los Derechos Humanos, y que por el contrario ha apoyado proyectos que solo privilegian a grupos selectos y de poder como son los autobuseros.
En el caso de la Feuna, estos manifiestan que Ulate es una persona abiertamente cercana al gobierno de Rodrigo Chaves.
Cuestionaron también que Ulate en su mandato en el CTP, a los únicos que defendió fue a los autobuseros y el caso insignia fue la solicitud que hizo para que no se sancionara a la empresa de buses Alfaro, en la tragedia del 17 de setiembre en Cambronero, donde murieron 9 personas y una veintena resultó herida, quedando desprotegidas estas familias, pues el bus no tenía los seguros de ley.
Aún así, Ulate abogó por no sancionar a la empresa, a la espera de un estudio sobre otras empresas buseras que tampoco tienen seguros. Su decisión, apoyada por los directivos del CTP, dejó sin sanción a una empresa que a su vez, dejó desprotegidas a las víctimas por transportarlas en una unidad ilegal y sin seguros.
