George Rodríguez EP. Un adolescente fue fatalmente baleado y por lo menos seis personas más fueron heridas durante la represión policial y parapolicial de una manifestación opositora que se llevó a cabo este domingo en Nicaragua, informaron medios de comunicación locales.
La violencia ocurrió durante el desarrollo de la marcha pacífica denominada “Somos la voz de los presos políticos”, que tuvo lugar en el sector oriental de Managua, la capital nacional, según las versiones periodísticas.
Por su parte, la Policía Nacional informó que debió intervenir porque los grupos violentos que convocaron a la manifestación atacaron a varias familias que se hallaban en sus respectivas viviendas y que tuvieron que defenderse, lo que generó un tiroteo en el cual el adolescente falleció.
Entretanto, la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) expresó preocupación por lo ocurrido, y señaló la obligación del gobierno de respetar el derecho a la reunión pacífica.
La víctima fue identificada como Matt Andrés Romero, de 16 años, quien, tras haber recibido un impacto de bala, fue conducido a un hospital cercano, donde falleció, informó Ismael Romero, tío del menor, citado por el periódico El Nuevo Diario.
En declaraciones al mismo medio, una tía no identificada del fallecido, relató que “el niño fue asesinado en la marcha, apenas tenía 16 años, estaba cursando cuarto año (de enseñanza secundaria), y estaba con otro niño, de 12 años, mi otro sobrino”, y agregó que “ese fue su pecado: ser joven y andar con la bandera de Nicaragua en esa marcha”.
La tía indicó, además, que agentes policiales hicieron que la madre del fallecido firmase un documento comprometiéndose a no formular ninguna denuncia referida al caso.
Respecto al incidente, la Policía Nacional informó, en una Nota de Prensa de su División de Relaciones Públicas, que esta mañana, “grupos violentos que se habían convocado a una marcha llamada pacifica, otra vez atacaron a familias y sus viviendas con armas de fuego, morteros y piedras”.
Según la versión policial, “en esta oportunidad”, los incidentes ocurrieron en tres barrios de Managua -9 de Junio, 2 de Diciembre, Américas 3-.
A causa de los ataques, las familias “defendieron sus vidas y sus hogares, resultando lesionados Abraham Lacayo y Max Andrés Romero, este último como consecuencia del fuego cruzado que ellos mismos provocaron, falleció posteriormente”, de acuerdo con la misma fuente.
Se trata de grupos armados que cometieron actos similares, en otros tres barrios de la zona oriental capitalina, en el marco de una manifestación llevada a cabo la semana pasada, informó la fuerza de seguridad.
“La Policía Nacional realiza las investigaciones para determinar las responsabilidades de los sujetos que convocaron a esta marcha violenta y terrorista, así como a los autores de estos actos criminales que responden a la fallida estrategia golpista”, agregó, respecto a los incidentes de este domingo.
Al respecto, Oacnudh expresó, en dos mensajes en la redo social Twitter, preocupación por lo ocurrido durante la manifestación.
“#Nicaragua: #OACNUDH recibió con preocupación reportes sobre una persona muerta y cinco heridas en una marcha de protesta en Managua. La información recibida indica que la marcha habría sido atacada, incluso con disparos, por policía y elementos armados progubernamentales”, señaló en el primero de los dos textos.
La agencia especializada de Naciones Unidas señaló que las agresiones son recurrentes.
“Este tipo de ataques en contra de las protestas se han observado repetidamente en las últimas semanas: el Gobierno debe asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de reunión pacífica según los estándares y normas internacionales de derechos humanos aplicables”, agregó, a continuación.
La manifestación se llevó a cabo para exigir la liberación de los detenidos a lo largo de la crisis, ya sea por haber participado en manifestaciones y otras actividades de protesta pacífica o por haberlas apoyado.
La dramática situación estalló el 18 de abril, a causa de un decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
El retiro, días después, del decreto, determinó que la masiva protesta popular que estaba en desarrollo se enfocase en la actual exigencia de que Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, renuncien a sus respectivos cargos.
La respuesta de la pareja gubernamental ha consistido en intensificar la represión tanto policial como parapolicial, acciones que han cobrado alrededor de 500 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos y desaparecidos.
La dramática situación también ha causado daño de consideración a la economía nacional, lo que, según diversos cálculos, incluye el cierre de un alto número de medianas y pequeñas empresas, y la consecuente pérdida de cientos de miles de empleos.
Asimismo, ha determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la vecina Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
