George Rodríguez EP. El gobierno de Estados Unidos ha deportado, desde noviembre, a decenas de ciudadanos nicaragüenses exiliados a causa de la represión policial y parapolicial que impera en su país de origen, denunciaron, en declaraciones publicadas este domingo en Nicaragua, activistas de derechos humanos.
Mientras se desconoce el número exacto de los deportados en noviembre, veinte personas llegaron, en esa condición, la semana pasada al país centroamericano, informaron, en conferencia de prensa realizadas, respectivamente, en Managua, la capital nicaragüense, y en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami, autoridades de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Se desconoce el paradero de algunas de esas personas, las que, como procedimiento policial habitual, a su arribo, vía aérea, a Managua, son trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) –centro de detención más conocido como “El Chipote”-, donde son interrogadas.
En esas instalaciones, ubicadas en las afueras de Managua, los detenidos, lo mismo mujeres que hombres, permanecen en candilones infrahumanas, además de ser sometidos a tortura –lo que incluye violación-, de acuerdo con denuncias formuladas por víctimas, familiares, y defensores de derechos humanos.
En Managua, el asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, informó que se desconoce el número de nicaragüenses llegados al país en calidad de deportados, debido a que las autoridades locales no proporcionan información al respecto.
Cuevas indicó que, habitualmente, agentes de la Policía Nacional los detuvieren, a su llegada al Aeropuerto Internacional “Augusto César Sandino”, en Managua, y los conducen a El Chipote, donde son interrogados.
Agregó que, en ese centro de detención, se determina si han tenido participación en actos de protesta contra el régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, actividades opositoras que son objeto de fuerte represión policial y parapolicial.
Cuevas precisó que quienes no presentan acusación en ese sentido, son puestos en libertad.
Al revelar la información respecto a las deportaciones, el representante de la CPDH en Miami, Róger Castaño, dijo que el grupo más recientemente deportado –unas veinte personas- habría llegado el 2 de enero a Managua.
Ese contingente se hallaba detenido en la sudoriental ciudad estadounidense de Pompano Beach, en el Centro Temporal de Broward (Broward Transitional Center) de la oficina de Control Migratorio y Aduanero (Immigration and Customs Enforcement, ICE) del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos, precisó Castaño.
A causa de lo ocurrido, y debido a “lo complicado y difícil que es solicitar asilo político” para nicaragüenses, la CPDH evalúa la posibilidad de gestionar que se les otorgue el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protection Status, TPS), informó, además.
Cuevas informó que se proyecta realizar, en fecha no determinada, una manifestación, en la capital estadounidense, frente a la Casa Blanca, en apoyo a que se beneficie con el TPS a los nicaragüenses y también a los venezolanos quienes huyen de los regímenes autoritarios que respectivamente gobiernan en sus países de origen.
El TPS –que se aplicó para los ciudadanos de Nicaragua tras la destrucción provocada, en 1998, en ese país, por el paso del huaracan Mitch por Centroamérica- es otorgado a personas cuyas vidas están en peligro en sus respectivos países de origen, a causa de “condiciones extraordinarias y temporales”, lo que incluye crisis en materia de seguridad, ambiental, de salud pública.
El estatus permite, a los beneficiarios, permanecer y trabajar en Estados Unidos, sin perjuicio de su condición migratoria, y los protege de ser deportados.
“Están deportando a nuestros hermanos que están solicitando asilo político, y creemos que es inaudito esto, debido a que el mismo presidente Donald Trump ha dicho que Nicaragua es un peligro para la seguridad interna de Estados Unidos, puesto que hay una dictadura criminal”, expresó Cuevas.
El activista denunció que, entre los repatriados, figuran nicaragüenses de comprobada participación en “la rebelión cívica del pueblo nicaragüense, que son buscados por la Policía y los órganos de represión (…) y sin embargo fueron deportados”.
Se trata de personas quienes, a causa de la persecución antiopositora que, hace más de ocho meses, mantiene el régimen Ortega-Murillo, llegaron a Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político, precisó.
“Deportar a estos nicaragüenses, significa enviarlos a la muerte, a la represión. Creemos que es inmoral, y por eso le pedimos a nuestros representantes, a nuestros senadores, que paren las deportaciones”, expresó.
La violenta crisis sociopolítica estalló el 18 de abril, a raíz de un fallido decreto presidencial que procuraba reformar, en perjuicio de sus afiliados, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Retirado el decreto, la creciente protesta generada por ese texto pasó a centrarse en la masiva exigencia popular de que Ortega y Murillo renuncien a sus respectivos cargos –demanda que la pareja gobernante se ha negado a acatar-.
La represión policial y parapolicial con la que el gobierno viene enfrentando las manifestaciones y otras expresiones opositoras ha cobrado aproximadamente 545 vidas, generado miles de heridos, detenidos, y desaparecidos, dañado en gran escala a la economía nacional, y determinado que miles de nicaragüenses emigren, principalmente hacia la limítrofe Costa Rica -donde más de veinte mil personas han solicitado refugio-.
La represión antiopositora ha pasado de ser masiva -contra actividades opositoras públicas-, a constituirse en principalmente selectiva -mediante la captura y la desaparición de opositores quienes son blanco de búsqueda individual, más recientemente enfocada, en particular, en periodistas y medios independientes así como en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
