George Rodríguez EP. El gobierno de Nicaragua está desarrollando una campaña para atemorizar a los defensores de los derechos humanos, en procura de que no cumplan su labor, así como de causar miedo en la población en general, en un intento por sofocar las expresiones de oposición, indicó, este jueves, un activista local.
Las declaraciones siguieron a lo expresado un día antes, en la occidental ciudad suiza de Ginebra, por 11 relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas, quienes, en un comunicado, declararon preocupación por la atmósfera de temor existente en Nicaragua.
En ese sentido, Denis Darce, abogado de la nicaragüense Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que la campaña de la administración del presidente Daniel Ortega incluye, además de la represión policial y parapolicial antiopositora, la judicialización de la protesta popular lo mismo que de la defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se esfuerza por “crear un estado de temor, para que la población no reclame por sus derechos, no apoye a las protestas, e impedir la labor de los promotores de derechos humanos, con la intencionalidad de que se sientan en total indefensión”, aseguró el abogado.
Entre otras expresiones de la conducta gubernamental, se procura la descalificación del trabajo de periodistas opositores, señaló, el activista, quien señaló que el Ministerio Público nicaragüense mantiene acusaciones contra cuatro promotores de la CPDH, quienes están detenidos hace aproximadamente dos meses.
En el comunicado que emitieron ayer, los relatores de Naciones Unidas denunciaron que “los informes indican que ha aumentado la represión selectiva, la criminalización y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y representantes de la sociedad civil en el país”.
La impunidad constituye un componente destacado, aseguraron.
El grupo señaló particular preocupación por “el nivel de impunidad en torno a las violaciones de los derechos humanos”, y advirtió que “la impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo”, además de denunciar “actos de violencia de género contra mujeres defensoras perpetrados por agentes del orden público y elementos paramilitares”.
Los relatores advirtieron sobre los aspectos selectivos de la represión antiopositora, lo que ha incluido el enfoque de la persecución en sectores específicos, tales como el médico y el docente –en la forma de despidos masivos- y el de los defensores de los derechos humanos –que son objeto, entre otras acciones, de descrédito-.
“Deploramos lo que parece ser una campaña de desprestigio, destinada a desacreditar o vilipendiar a los defensores y defensoras de los derechos humanos, como terroristas y golpistas, y aparentes intentos de socavar a la oposición”, denunciaron.
En ese sentido, expresaron honda preocupación por la reciente aprobación de la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, respecto a la cual sectores de la sociedad civil nicaragüense han advertido, reiteradamente, sobre el uso político de esa legislación en prejuicio de personas opositoras y de los defensores de las derechos humanos.
Efectivamente, numerosas personas detenidas por haber participado en masivas manifestaciones contra el gobierno, y están acusadas por delitos entre los cuales figura el terrorismo.
Los relatores se declararon “profundamente preocupados” debido a que la ley facilita, “a las autoridades, un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, además de que expresaron que “nadie debe ser detenido por el ejercicio de sus derechos humanos”.
Sin embargo, cualquier expresión de oposición es reprimida, plantearon.
En tal contexto, manifestaron que “estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados”.
En ese sentido, hicieron alusión a que, además de la acusación amplia de terrorismo, los detenidos políticos enfrentan cargos por delitos tales como homicidio y actividades de crimen organizado.
Al refutar los cargos, abogados defensores de los detenidos han señalado que la mayoría está integrada por jóvenes quienes, por ejemplo, carecen de conocimiento en cuanto a manejo de armas.
El comunicado de los relatores internacionales se enmarca en la violenta crisis sociopolítica que hace más de tres meses convulsiona a Nicaragua, situación que, según los más recientes cálculos de la ha cobrado casi 450 víctimas, generado más de 2,800 heridos, detenidos, y desaparecidos, y causado daño generalizado a la economía nacional.
La situación estalló el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto que procuraba introducir reformas al sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Sin embargo, retirado el decreto, la masiva exigencia de la población pasó a enfocarse en exigir la renuncia de Ortega y Murillo a sus respectivos cargos, a lo cual la pareja gubernamental ha respondido con represión policial y parapolicial antiopositora.
