George Rodríguez EP. La oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) prevé un aumento, a más del doble, en el número de solicitudes de ciudadanos nicaragüenses quienes, huyendo de la violencia sociopolítica que convulsiona a su país de origen, procuran refugiarse en Costa Rica, informó este martes esa agencia especializada internacional.
Ante esa perspectiva, Acnur se apresta a apoyar a la costarricense Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), para hacer frente al previsible salto de 200 a 500 solicitudes diarias, indicó la entidad, en un artículo informativo titulado “Miles de nicaragüenses huyen de la violencia”, difundido por Noticias ONU.
“Se ha disparado el número de nicaragüenses que piden asilo en la vecina Costa Rica, lo que ha desbordado a sus autoridades migratorias”, indicó el portavoz de Acnur, William Spindler, citado en el artículo.
Costa Rica –país que, en el norte de su territorio, comparte frontera terrestre de 309 kilómetros con Nicaragua-ha recibido miles de solicitudes en los algo más de tres meses desde el estallido de la crisis sociopolítica que ha cobrado casi 450 vidas, indicó.
“De acuerdo con las autoridades del país, cerca de 8000 peticiones de asilo de ciudadanos nicaragüenses han sido registradas desde abril, y unos 15.000 más tienen cita para su registrarse más adelante, ya que la capacidad del país para procesarlas está desbordada”, precisó el vocero.
La agencia humanitaria de Naciones Unidas tiene presencia en la zona del límite binacional, para apoyar la gestión del personal local de la DGME, según lo informado en el texto.
“ACNUR está fortaleciendo su presencia en la región fronteriza del norte de Costa Rica y, junto con el Gobierno costarricense, otros organismos de las Naciones Unidas y las ONG (organizaciones no gubernamentales) que colaboran con ellos, están preparando su capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norte como en el área metropolitana de la capital, San José”, se explicó en el artículo.
Spindler explicó que un alto número de estos inmigrantes es acogido por las 100,000 a 150,000 familias de esa nacionalidad asentadas en territorio costarricense, principalmente en San José.
Diversos cálculos ubican en el rango de 600,000 a más de un millón la cifra ciudadanos de Nicaragua radicados en Costa Rica, principalmente dedicados a actividades de trabajo informal lo mismo que a desempeñarse en las áreas laborales de seguridad privada, construcción y doméstica.
Acnur informó, además, que “si bien Costa Rica ha recibido la mayoría de las solicitudes de asilo, el número de nicaragüenses buscando asilo también ha subido en Panamá, México y Estados Unidos”, e indicó, sin precisar una cifra, que “el alza llegó a su punto más alto en junio”.
Entretanto, el diario matutino nicaragüense La Prensa, un bastión de la oposición al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, informó, también este martes, que es alto el número de personas quienes diariamente acuden a la sede de la nicaragüense Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) en Managua, la capital nacional, en procura de pasaporte.
“La migración parece ser la única alternativa con que cuentan los nicaragüenses”, lo que se refleja en las “grandes cantidades de pobladores buscan tramitar su pasaporte” quienes aguadan, en extensas filas frente a las instalaciones de la DGME, para ser atendidos, indicó el periódico de circulación nacional en la información titulada “Continúa masiva migración a causa de la crisis en Nicaragua”.
Los motivos principales que mencionan los solicitantes del documento incluyen la violencia así como el marcado deterioro de la economía, señaló.
“La inseguridad ciudadana, a causa de la represión desatada por el Gobierno en contra de la población en general, y la inseguridad económica, acrecentada por este período de crisis, son las principales causas argumentadas”, precisó el diario.
Según La Prensa, el destino principal, por su cercanía geográfica, es Costa Rica, seguido por Panamá, que comparte la frontera sur costarricense, que se extiende 320 kilómetros, aunque Canadá y países europeos también figuran entre otros destinos elegidos por los migrantes forzados.
Las informaciones fueron difundidas un día después de que la Secretaría General de las Naciones Unidas indicó que analiza la posibilidad de desempeñar un papel en la búsqueda de solución a la violenta crisis sociopolítica nicaragüense.
Ello podría incluir a la representación de ese país centroamericano en Naciones Unidas, dijo a periodistas, en la sede de la organización en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto del secretario general del organismo mundial, el portugués António Guterres.
“Estamos tratando de ver qué podemos hacer para ayudar”, indicó Haq, quien precisó que, “respecto a nuestros esfuerzos, hay deliberaciones en desarrollo en la secretaría respecto a Nicaragua, lo que incluye (…) involucrar a la Misión Permanente de Nicaragua”.
Entretanto, el obispo José Manuel Garita, quien encabeza la norteña diócesis de Cuidad Quesada –localidad también conocida como San Carlos-, en la zona de influencia de la Frontera Norte costarricense, anunció este martes la habilitación de dos Centros de Acogida respectivamente ubicados en parroquias en la jurisdicción religiosa a su cargo.
“A semejanza de Jesús, que manda dar de comer a la multitud, disponemos la instalación de dos Centros de Acogida (…) en los que se ofrecerá alimentación, ropa y orientación a las personas que transiten por la zona de influencia de ambos centros. Toda esta actividad estará coordinada por la Pastoral Social diocesana, por los equipos sacerdotales y los grupos parroquiales de Pastoral Social. Estos centros operarán de lunes a viernes entre las 10:00 a.m. y la 1 p.m.”, indicó Garita, citado en un comunicado de la diócesis.
El religioso formuló, asimismo, un llamado tanto a sacerdotes como a filies laicos de la zona a asistir a quienes describió como “hermanos migrantes y refugiados de Nicaragua”.
Estallada el 18 de abril, a raíz de un fracasado decreto presidencial que apuntaba a reformar el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la crisis ha implicado una escalada de violencia policial y parapolicial contra extensos sectores de la sociedad civil que ahora exigen la renuncia de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, a sus respectivos cargos.
En algo más de tres meses, la convulsión sociopolítica ha cobrado casi 450 vidas, y generado más de dos mil heridos, detenidos, y desaparecidos, además de masivos daños infraestructurales y económicos.
