Auditora de la Municipalidad de Paraíso investigada por denuncias falsas se reunía con diputado del FA

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La auditora de la Municipalidad de Paraíso, Sandra Solís, se reunió con el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega previo a las denuncias públicas en contra del ayuntamiento, sin embargo, quien terminó siendo investigada, por la Fiscalía fue ella, pues el Ministerio Público le abrió un expediente por denuncias calumniosas.

La auditora Solís, quien tiene familiares aliados a la campaña del Partido Liberal Progresista que postula a la candidata Sonia Mata, terminó alimentando el control político del diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, que a su vez, tiene a su hermano, Enrique Ortega, peleando la alcaldía paraíseña.

La Fiscalía adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, con sede en Cartago, ordenó una investigación por denuncia calumniosa en contra de la auditora de la Municipalidad de Paraíso, Sandra Carolina Solís Cortés luego de ahondar en las denuncias que esta funcionaria hizo contra el equipo de abogados y el alcalde de la Municipalidad.

En sencillo, la auditora, a quien se le reconocen vínculos políticos de cara a las elecciones del 4 de febrero, administró material e información sensible de la Municipalidad, que en periodo de elecciones adquiere un valor estratégico vital para cualquier campaña electoral.

Es tan evidente, que el control político del diputado Ortega se vio fuertemente influenciado por las denuncias de la auditoría, pese a que, posteriormente, estas denuncias quedarían bajo revisión en la Fiscalía, donde se encontraron problemas con la auditora denunciante.

Solís y Ortega, lo mismo que la diputada del Liberal Progresista Johana Solano (donde trabajó como asesora la candidata de ese partido, Sonia Mata) alimentaron sus discursos de control político con denuncias que emanaban de la Municipalidad, sustentados en algunos casos en informes de la auditora ahora investigada.

Ortega señala que cuando su despacho inició la investigación de las denuncias de la auditora, encontró resistencia a entregar información desde la Municipalidad, por lo que acudieron a la Sala IV.

Sin embargo, “también tuvimos ó solicitamos información a testigos, a la misma auditora ,a funcionarios, a ex funcionarios y a partir de eso montamos el caso que entre otras cosas tiene un sustento legal y que está relacionado obviamente con el allanamiento y con los casos y los expedientes que están abiertos”, señaló el diputado.

El problema, es que el diputado Ortega maneja datos por supuestas pérdidas en la Municipalidad por cerca de ¢1600 millones, cuando dicho monto no se refleja en ninguna condena ni pago de la Municipalidad.

Al fin de cuentas, la denuncia que hizo Ortega contiene cifras infladas de procesos que ni siquiera están en debate en los estrados judiciales, lo cual desacreditó no solo la denuncia, sino a la propia auditora una vez que el Ministerio Público decidiera investigarla.

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