Los taxistas se comprometieron a cancelar la manifestación pautada para el martes en San José.
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Eliannys Padra | EP. El gremio de taxista se reunió este viernes con el presidente Luis Guillermo Solís y le solicitó demandar a la empresa de transporte Uber por tratarse de un sistema ilegal.

Solís destacó que esta fue la principal petición de los taxistas y aseguró que la medida va a ser analizada por el Gobierno.

“Quisimos atender las demandas del sector, las cuales fueron trasladadas de forma muy constructiva al Gobierno, el cual las va a analizar, especialmente las de carácter legal solicitadas por el sector de taxistas regulados”, declaró el mandatario en una rueda de prensa.

Asimismo, Solís informó que durante la reunión el gremio de taxistas se comprometió a desistir de la manifestación que se tenía prevista para el próximo martes en las calles de San José.

El presidente también comentó que a finales de julio se llevará a cabo otra reunión con los taxistas para presentar las respuestas del Gobierno a sus peticiones.

“La voluntad del Ejecutivo es mantener el diálogo para resolver diferentes temas de transporte público y que permita el establecimiento de una ruta de trabajo, para lo cual se requiere tranquilidad en las calles”, expresó Solís.

Desde el año 2015 empezó a operar en Costa Rica la empresa Uber que ofrece un servicio de taxi a través de una aplicación móvil y cuyas tarifas se calculan en hasta 50 % más bajas que la de los taxis rojos.

El gremio de taxistas, compuesto por unos 11 mil conductores, ha realizado múltiples protestas para exigir la salida de circulación de los conductores de Uber e incluso se han registrado hechos de violencia contra estos conductores, incluyendo mujeres. Además, el Gobierno costarricense sostiene que esta empresa es ilegal y que sus trabajadores se exponen a multas económicas y hasta a la pérdida de su matrícula o vehículo.

Aunque los conductores de taxis rojos han pedido en varias oportunidades que se bloqueé la app de Uber, el Gobierno asegura que no es una opción viable porque representaría una censura al Internet en el país.

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