Ofelia Taitelbaum*
En la Defensoría hemos venido dando seguimiento al Fondo Nacional de Telecomunicaciones, cuyo objetivo de ley es el acceso y servicio universal y solidaridad. En razón de ello, en el 2011 solicitamos a SUTEL como ente administrador, informar sobre la recaudación, inversiones, costos, financiamiento y ejecución de FONATEL. Supimos, entonces, que la recaudación del Fondo para el mes de setiembre del 2011, era de ¢3.588.546.785.56, por contribución especial parafiscal y $170.000.000.00, producto de pago de concesiones para el Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico para la Explotación de Servicios de Telecomunicaciones Móviles. Pese a ello, SUTEL adujo imposibilidad presupuestaria para solventar los proyectos de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
Para administrar esos fondos SUTEL escogió al Banco Nacional de Costa Rica, con el fin de hacer un fideicomiso que sirviera para gestionar proyectos y programas con los recursos de FONATEL. En 2011 y en cumplimiento de la ley, la Presidenta de la República entregó a SUTEL las prioridades de gobierno para la inversión de los recursos de FONATEL, plasmadas en el llamado “Acuerdo Social Digital” que comprende dos proyectos:, Cerrando Brechas y Centros comunitarios inteligentes; que busca promover el acceso a las tecnologías digitales y a la conectividad de banda ancha al 100% en centros educativos así como interconectar a comunidades rurales y urbanos menos favorecidas.
En el 2012, la Contraloría indicó a SUTEL que el patrimonio de FONATEL debía ser trasladado totalmente a ese fideicomiso, el cual de paso debía tener una estructura administrativa suficiente para poder cumplir los objetivos que legalmente le corresponden. Luego, cuando solicitamos información sobre estos fondos, recibimos una respuesta que hacía prever que FONATEL iniciaría inversiones y cumpliría con ello, el objetivo para el que fue creado. Pero tal cosa no sucedió porque FONATEL atrasó procesos aduciendo una forma única de adjudicación de esos proyectos, cuando en realidad podría hacerlo en forma más expedita, pues la ley le faculta para ello.
El Poder Ejecutivo, prácticamente se cansó de esperar y buscó una solución ágil a través del ICE, para la ejecución del proyecto Cerrando Brechas. Ya que SUTEL no fue capaz de una ejecución eficiente de los recursos –por demás importantes- ni de cumplir con el mandato que le da la ley de desarrollar el acceso y servicio universal y solidaridad. Ante esta inoperancia, el Poder Ejecutivo volvió los ojos hacia el ICE, que había suscrito un convenio de cooperación con el MEP en el 2004, con el objetivo de desarrollar una Red de Innovación Educativa.
Con ello, el déficit en que incurre el ICE por prestar servicios a los centros educativos estatales sería cubierto por FONATEL, al igual que lo haría con cualquier empresa que gane una licitación para prestar los mismos servicios. Pero la iniciativa del Gobierno fue rechazada de plano por SUTEL, al alegar que cualquier proyecto a financiar por FONATEL debe salir a concurso público y que la posibilidad de imponer obligaciones de acceso y/o servicio universal al ICE sólo es viable cuando lo anterior no sea posible.
La SUTEL indicó, además, que la ejecución de los proyectos de Siquirres, Roxana de Pococí y Zona Norte Superior, a desarrollar por FONATEL, resultaría complementaria a las contrataciones que en esta materia realice el MEP. En reunión que tuvimos con personal del ICE, supimos que gracias al convenio mencionado dentro del proyecto Cerrando Brechas, en estos momentos el 97.7% de los centros de educación estatal (4.319), ya cuentan con algún tipo de conexión a Internet y que se está trabajando para ampliar el ancho de banda y llegar al 100% de los centros educativos. Se nos dijo también, que no existe ningún centro de educación que esté en el cartel de licitación de la SUTEL que no tenga ya conexión a Internet. Entonces, la Defensoría cuestiona, que si la infraestructura ya existe y si se ha incorporado el costo de infraestructura dentro del cartel de licitación, ¿no se estaría duplicando la inversión? Y ¿eso, quién lo paga? ¿Se busca acaso usar la infraestructura de ICE, pagada por todos los y las habitantes, para ser utilizada por otra empresa sin costo alguno? Por eso, tenemos muchas dudas y estamos a la espera de respuestas por parte de la SUTEL.
En tanto se informa que FONATEL está recopilando la información de los centros educativos, el ICE expresa ya la tiene (doble esfuerzo) y además –como se mencionó – los centros educativos de Siquirres ya tienen conexión a Internet con el ICE, con al menos 2MB cada una y a pesar de ello, se acaba de dar la responsabilidad de concesión a otra empresa. Si como dice SUTEL, el proyecto de Siquirres es complementario a las contrataciones que en esta materia realice el MEP -vía convenio con el ICE- ya se ceunta con el servicio instalado en esa zona, ¿qué es lo que se concesionó vía licitación de SUTEL? Entonces, en la Defensoría nos preguntamos ¿está este país en condiciones de desperdiciar recursos sólo por querer forzar la “competencia” a cualquier costo? ¿por qué no fortalecer lo que ya existe? Claramente, para la Defensoría la SUTEL no ha sido capaz de cumplir con el mandato de la Ley General de Telecomunicaciones, en materia de servicio universal y ejecución de FONATEL y, por lo visto, durante este año 2013, muy probablemente, tampoco, se ejecutará alguna obra importante. ¿Es todo esto agilidad y eficiencia?
*Defensora de los Habitantes de la República
