Organizaciones de la Sociedad Civil se manifestaron frente a Casa Presidencial: Foto: Elvis Martínez
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Elvis Martínez | EP. Organizaciones pro Derechos Humanos de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (Rednam) Costa Rica, protestaron en la Asamblea Legislativa y en Casa Presidencial contra la Ley de Migración y su más reciente medida; una multa de $100 a las personas migrantes por cada mes de estadía irregular aplicable a quienes se les haya vencido la visa, cédula o permiso laboral. La multa  entrará regir a partir del próximo 20 de abril de forma retroactiva al 2010, con afectaciones directa a miles de trabajadores y trabajadoras migrantes. 

Las organizaciones coinciden en que la actual Ley de Migración de Costa Rica, aprobada en 2010, no ha permitido que las personas migrantes se regularicen por los altos costos y exceso de trámites, tanto en Costa Rica como en el país de origen. Por ejemplo, para que una persona migrante nicaragüense pueda regularizarse debe invertir unos 1,050 dólares aproximadamente. A esto se suma la multa anunciada por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

En Costa Rica una trabajadora doméstica gana 187,000 colones (unos $330 aproximadamente), mientras que trabajadores del sector agrícola y de la construcción tienen los salarios más bajos.

Quxabel Cárdenas trabaja en el empoderamiento con mujeres migrantes en la Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica. FOTO: Alonso Mejía.

La Rednam aclaró que las organizaciones no están en contra de que se aplique una multa por el tiempo que una persona permanezca indocumentada, pero que la multa debe ser proporcional. Señalan además que existe poca o nula información para la aplicación de la ley.

Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses y de la Comisión de Comunicación de la Rednam, manifestó que respetan la ley, pero lo requisitos deben ser posibles de cumplir.

“Esta multa es impagable para miles de trabajadoras y trabajadores migrantes, por ser retroactiva. La medida afectará la economía del país, porque sectores como la agro exportación, la agricultura, la construcción, el empleo doméstico, la seguridad privada, así como el sector servicio, entre otros, dependen en mucho de la mano de obra de los migrantes”, expresó Cárdenas.

Cárdenas cuestionó “¿Qué pasará con la demanda de mano de obra si los trabajadores optan por no regresar debido a esta multa? ¿Quién velará por las familias binacionales cuyos hijos son nicaragüenses y costarricenses, o sus padres son cónyuges de ambas nacionalidades? ¿Incrementará esta medida el coyotaje, más que impulsar la documentación de los trabajadores?”

Tanto en la Asamblea Legislativa como en Casa Presidencial los manifestantes entregaron una serie de peticiones. Solicitaron al presidente Luis Guillermo Solís una moratoria a la multa y que el Ministerio de la Presidencia, la Caja del Seguro Social, el Ministerio del Trabajo y Turismo, dialoguen sobre esta medida que afectaría a sectores económicos del país.

Enrique Gomáriz, de la Fundación Género y Sociedad y vocero de la Rednam Costa Rica, manifestó que existe anuencia por parte de las autoridades a la solicitud de revisar el artículo 33 de la ley y el período de sanción. Destacó la reunión con Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y presidenta del Consejo Nacional de Migración, así como la comunicación con el Ministerio de la Presidencia tras la marcha.

Proponen que mientras no se haga una reforma a la Ley de Migración, se permita a los trabajadores inmigrantes regularizarse sin pagar altos costos y sin complicada tramitología, Solicitan que se retome el reglamento de Transitorios o Tiempos de Oportunidad, impulsado por la DGME entre el 2012-2015 y que permitió la regulación ordenada de miles de personas.

La multa migratoria está estipulada en el Artículo 33, inciso 3 de la Ley de Migración e indica que “…La persona extranjera tendrá la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular…”

La multa o sanción de tiempo abarca a las personas extranjeras que posean una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que, en el momento de salir del país, tengan vencido su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX).

La organización Enlaces Nicaragüenses Costa Rica también solicitó al gobierno nicaragüense facilitar la entrega de los requisitos básicos para la regularización: el certificado de nacimiento y el récord de policía apostillados, para la protección de sus ciudadanos en el exterior.

Las organizaciones participantes en la marcha anunciaron que seguirán informando y sensibilizando de forma permanente a la población y que esperan que antes del 20 abril se den los cambios solicitados a la Presidencia y al Legislativo.


Sobre la REDNAM

La Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones (REDNAM) Costa Rica, la conforman varias organizaciones que trabajan por el bienestar de la población migrante y refugiada en Costa Rica:

La Asociación Enlaces Nicaragüenses Costa Rica, la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales, Asociación de Migrantes Nicaragüenses en Costa Rica, Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Asociación Binacional de Solidaridad de los Nicaragüenses radicados en Costa Rica, Centro Internacional de Derechos Humanos para personas Migrantes (Cidehum), Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, Central Sindical Rerum Novarum, Hermanas Misioneras Sacalambrinianas, Iglesia Luterana Costarricense, Liga de Mujeres Pro Paz y Libertad, Red de Jóvenes Sin Fronteras y Refugee Education Trust.

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