COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
El cambio climático es la peor amenaza que hoy enfrentamos como sociedad y desde hace ya algunos años, vivimos sus impactos: sequías, fuertes inundaciones, pérdidas de alimentos y cultivos, empeoramiento de la calidad de vida para numerosas personas, principalmente indígenas y campesinas.
Hoy es aceptado que la principal causa proviene de actividades humanas. Así, las emisiones de gases con efecto invernadero producto de la quema de combustibles fósiles es la principal causa. Y día a día, se sigue sacando petróleo para alimentar un modelo de desarrollo productor de mercancías que no satisfacen las necesidades básicas de la población y solamente se producen para generar más y más lucro.
Así las cosas, desde COECOCEIBA pensamos que si en realidad queremos disminuir los impactos del cambio climático hay que atacar sus causas. Debemos por lo tanto, promover la producción de alimentos en manos campesinas e indígenas -caracterizado por una producción en pequeña escala que respeta la biodiversidad- en lugar de importar nuestros alimentos básicos del exterior. De igual forma hay que contar con un modelo energético que satisfaga las necesidades básicas nacionales en lugar de alimentar el modelo insustentable que desde el libre comercio nos recetan.
Del mismo modo debemos dejar de lado las falsas soluciones que el mismo sistema de desarrollo dominante, promueve: las emisiones de gases con efecto invernadero se soluciona con la creación de sumideros de carbono que pueden ser una hidroeléctrica o un monocultivo de árboles. En otros casos la solución se ve desde la aplicación de REDD (reducción de
emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques) o mediante la creación de mercados de carbono y así fomentar la compra y venta de permisos de contaminación. Sin embargo estas no son soluciones. Las hidroeléctricas y los monocultivos de árboles crean numerosos impactos, los árboles son un sumidero frágil y temporal y los
mercados nunca han servido para solucionar ningún problema ambiental: a pesar de la implementación de mercados -como en Europa- o de mecanismos de mercado, la crisis climática cada vez se agudiza más.
Dada la gravedad de la situación, debe existir un diálogo nacional para discutir sobre propuestas y visiones y construir así, acuerdos nacionales. Tristemente y especialmente desde los dos últimos gobiernos no ha habido diálogo posible. Las autoridades públicas ambientales del más alto nivel nunca han querido asistir a debates públicos. También han querido escapar de su obligación legal de brindar información. Por ejemplo, en el 2010
cuando la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático realizaría su Conferencia de las Partes en Cancún, México; una serie de organizaciones -ecologistas, campesinas, de estudiantes, indígenas- enviamos una nota al gobierno tres meses antes de que esa reunión se llevara a cabo pidiendo conocer cuáles serían las posiciones que llevaría la
delegación nacional. La respuesta nos llegó más de dos meses después de que la reunión terminara y se dio porque los Tribunales nacionales obligaron al Ministerio de Ambiente a responder. Además las últimas dos administraciones han tomado como único punto de agenda en materia de cambio climático la carbono neutralidad que no es más que una estrategia de atracción de inversiones basada en la generación de “oportunidades” -léase generar negocios- a partir de la crisis climática que a todas luces en lugar de solucionar, profundiza.
Ahora y desde la promoción del partido gobernante, la Asamblea Legislativa aprueba en primer debate la denominada ley marco de cambio climático bajo el expediente legislativo 18.860. Esta ley fue elaborada por una organización externa y el diputado proponente y su partido, no se preocuparon por adaptarla a las necesidades del país. Así, puede considerarse como una mala ocurrencia.
La ley básicamente y en lo esencial, crea tres órganos que pareciera ser serán inoperantes. Uno de ellos estará integrado por ministros o viceministros donde entre otras funciones, elaborarán las políticas nacionales en cambio climático. El segundo órgano se crea para
debatir el tema y el tercero es el que dará operatividad al primero. Dada nuestra experiencia, sabemos que es difícil que las personas nombradas como titulares en cada ministerio -o sus vice- atiendan muchas reuniones. Además no entendemos por qué más bien no se fortalece la
institucionalidad ambiental existente desde donde se puede dictar directrices a las demás instituciones para que estas, adapten las mismas a sus áreas de trabajo y a su misma gestión diaria. Algo que nos llama la atención, es la ausencia de cualquier organización proveniente
de la sociedad civil: los sectores campesinos e indígenas que están entre quienes más viven los impactos del cambio climático están ausentes. Lo mismo sucede con el sector ecologista.
La ley además no viene a hacer mayor cosa: no impone ninguna meta nacional -disminuir las emisiones mediante la promoción de la producción de alimentos como el frijol por ejemplo en lugar de importarlos desde China- sino que más bien, en sus primeros artículos parece no admitir cuestionamiento alguno al modelo de desarrollo vigente y se basa en la premisa de que hay que sacar lucro de la crisis provocada por el cambio climático. De igual forma hay elementos que indican que se basa en una visión de desarrollo neoliberal al promover sus tendencias en materia ambiental sin tomar en cuenta que esta forma de desarrollo lo que
viene a crear es mayores condiciones de empobrecimiento, diferencia social y aumento de conflictos ambientales. Llama la atención también que a partir de la vigencia de esta ley, cualquier actividad o proyecto desarrollado en el marco de la adaptación y mitigación al cambio climático tiene que ser aprobada por la nueva institución. Podría limitarse de esta
forma visiones críticas a las dominantes. Por ejemplo, desde COECOCEIBA creemos que REDD no es un mecanismo beneficioso y al enmarcarse dentro de la adaptación y mitigación al cambio climático, una visión como la nuestra puede ser invisibilizada en el caso de no ser
aprobada porque las autoridades se han casado con REDD. Esta es una posibilidad que podría darse.
El país necesita de una discusión nacional en cambio climático, pero no solo en esta área-. Con una ley como esta, esa necesidad queda de lado y se impone nuevamente una sola visión. Cuando sucede esto, las oportunidades de salir de cualquier crisis desaparecen.
