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Keylor García | EP. Un proyecto de ley aprobado en primer debate el pasado miércoles en la Comisión Plena I para permitir que docentes regresen del IVM al régimen del Magisterio Nacional, permitiría también que los mismos docentes tengan un doble beneficio.

El doble beneficio se debe a que en la década de los 90 a los docentes se les reconoció el diferencial cotizado cuando fueron trasladados del antiguo régimen del Magisterio al régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (IVM).

El proyecto está previsto que sea votado en segundo y último trámite, el 22 de junio. Luego, pasaría para que sea sancionado por el presidente Luis Guillermo Solís, quien también tiene la opción de veto.

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Sin embargo, la diputada del Partido Acción Ciudadana, Marcela Guerrero Campos señaló que si la Junta de Pensiones del Magisterio (JUPEMA), afirma previamente que la mayoría de educadores en el IVM regresaría al régimen del Magisterio, los diputados y diputadas que apoyan el proyecto tienen la obligación de asegurarse primero la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues el erario público deberá aportar el 90% de lo que reciben las personas jubiladas, donde ya el Ministerio de Hacienda advirtió que significaría entre 11 mil millones y 33 mil millones de colones anuales.

“Si la Asamblea Legislativa va a permitir que más de 1.800 y al menos 6.000 docentes se regresen del IVM al régimen del Magisterio Nacional, antes deberíamos conocer cuántos y quiénes de esos docentes ya se beneficiaron del cobro del diferencial de cotización que se les reconoció en los noventas” señaló Guerrero Campos.

Ante esto, los educadores prefieren pasarse del IVM al Magisterio debido algunos beneficios, por ejemplo, en el régimen del Magisterio el monto de la pensión puede llegar incluso al 85% de promedio de los últimos mejores salarios, mientras que en el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (IVM) llega como máximo al 65%.

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Ante la aprobación en primer debate del proyecto 17561, los diputados Edgardo Araya, Frank Camacho y la diputada Patricia Mora, integrantes de la bancada del Frente Amplio en la Comisión Legislativa Plena I, aclaran que:

“La bancada del Frente Amplio ha apoyado este proyecto desde su presentación en el 2010, valorando razones de humanidad y de justicia con un grupo de personas que en 1995 fueron inducidas por el gobierno de José María Figueres a trasladarse de régimen de pensiones y que hoy sufren las consecuencias de ello, trabajando en condiciones precarias de salud o manteniéndose incapacitados por el desgaste que tienen, sin que aún se puedan acoger a la pensión.

El proyecto, además, está blindado contra el posible otorgamiento de pensiones de lujo, pues le aplicarían los topes y contribuciones especiales previstos en la ley”, señalaron los legisladores en un comunicado de prensa. 

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A su vez, la Junta de Pensiones del Magisterio estima que este traslado constaría a Hacienda cerca de ₡200 millones en el primer año, asumiendo que todas las personas se trasladen al mismo tiempo.  En cambio, Hacienda recibiría por las personas que se trasladen, no menos de ₡800 millones.  Por su parte, la erogación por parte del IVM sobre esa cantidad de personas no sería actuarialmente significativo, por lo que no afectará la estabilidad del régimen ni las finanzas de la CCSS.

 

 

 

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Periodista Web, editor y creador de contenido | Graduado en la Universidad Central de Costa Rica | Escribe del acontecer nacional e internacional | Incorporado al colegio de periodistas de Costa Rica | keylorg@elperiodicocr.com

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