FOTO: Tomada de la web de la Fuerza Pública.


William Aguilar | Incorrecciones. La Fuerza Pública (FP) y con ella el conjunto de cuerpos policiales del país, es, como todos saben, una institución estatal, la agrupación de miles de funcionarios que se ganan el pan gracias al presupuesto público, o sea, gracias a los impuestos de todos los habitantes de Costa Rica. 

Digo habitantes y no ciudadanos, pues las cargas impositivas no escapan a quienes carecen de ciertos deberes y derechos, como lo son los extranjeros residentes en el país y los menores de edad, quienes pagan cuestiones como el impuesto de ventas y servicios, ahora a punto de convertirse en Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Sin embargo, aunque la función y mantenimiento de la FP representa una parte importante del presupuesto nacional y por más que, como trabajadores de un ente estatal, los policías y demás servidores públicos que laboran para el Ministerio de Seguridad cuentan con una serie de pluses salariales, dicha institución ha escapado del ataque que se ha calentado recientemente en contra de las instituciones públicas.

A saber, instituciones de bien social y que brindan servicios básicos, como educación (la UCR), seguridad social (la Caja) o energía (ICE y Recope), han sido atacadas desde sus bases, más específicamente, sus trabajadores y la relación obrero-patronal que mantienen con el Estado.

Esos ataques provienen desde una base ideológica relativamente nueva en nuestro país, como lo es el anarcocapitalismo, una forma de pensamiento que sostiene que lo mejor es la desmantelamiento del aparato estatal, en función del libre mercado. Su máximo exponente a nivel nacional es el partido Movimiento Libertario (ML) y su líder Otto Guevara.

Para los defensores de esa ideología, el Estado debe limitarse a dos funciones básicas: ser un ente fiscalizador, es decir, que cree superintendencias que controlen los servicios en el país, como la Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos (Aresep) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel). Y la otra es ser un ente represor, es decir, un estado que cree leyes y tenga un cuerpo que se encargue de hacer que se respeten, con pena de cárcel en caso contrario.

Todo lo demás debe ser eliminado o, en su defecto, limitado a un mínimo. Para entenderlo mejor, el Estado debe gastar lo menos posible en salud, educación y servicios básicos como agua o electricidad.

Otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Consejo Nacional de Producción (CNP) o el el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), – antes IDA -, deben ser desechas por completo.

Las críticas que se hacen son, sobre todo, por los salarios de sus trabajadores, mejorados gracias a las convenciones colectivas. Con ellas se conquistó beneficios como el pago de anualidades, salario escolar, dedicación exclusiva y otros tantos.

Sus detractores defienden que representan gastos abusivos para el erario, pues eso sueldos provienen del Estado. Así han empezado a atacar a las instituciones sociales, creando en la Opinión Pública anticuerpos contra los sindicatos y les dicen que esas conquistas sociales son privilegios.

Sin embargo, olvidan decir que en Europa Occcidental, todos los trabajadores tiene dichos derechos, gracias a la sindicalización en la empresa privada. Como sabemos, en Europa se vive bien, o la menos mejor que el resto del mundo.

Otro punto que olvidan, tal como dije arriba, es atacar a la Policía, sin importar que tenga sindicato, convención colectiva y pluses salariales. La respuesta a por qué no lo hacen es realmente fácil y lógica: los enemigos del Estado Social de Derecho desean mantener a la Policía porque es el ente que mantiene el statu quo, es decir, a cada quien en su sitio.

La Fuerza Pública mantiene la “paz social”, o como era entendida por pensadores del siglo anterior, la delimitación jerárquica en la sociedad: los ricos arriba y los pobres abajo (más o menos y a grandes rasgos).

En estos momentos hay cerca de 14 mil policías en el país. Las únicas instituciones con más empleados son el MEP, la CCSS y el ICE, instituciones a las que se ha criticado el gasto en salarios.

Hace años hablaba con un vecino belga, él había decidido venirse a vivir a Costa Rica a disfrutar de su pensión.  En Bélgica, él se desempeñaba como oficial de policía, de lo que alguna vez conversamos, de hecho, en una de esas pláticas, en que comentábamos acerca de la ausencia de ejercito en Costa Rica, él pasó a darme una breve lección de filosofía y política.

Me dijo: “los ejércitos sirven para proteger a los ricos de los enemigos de afuera, la policía para protegerlos de los enemigos de adentro”. Desde entonces cito esa frase de cuando en cuando. Me parece cierta, puntual y lapidaria.

Hace unos días apareció publicada por Grupo Extra una encuesta de Borge y Asociados que señalaba que la Fuerza Pública es la institución mejor calificada por la Opinión Pública en el país; sin importar que haya sido la institución con más despidos por corrupción en los últimos años.

De igual forma, ayer La Nación publicó que un policía con 10 años de servicio gana menos que un oficial de seguridad de la UCR de igual antigüedad. Sin embargo, a mi entender, esa nota es imprecisa, pues en ella se señala que no se toma en cuenta los pluses de los policías en cuanto a dedicación exclusiva y capacitaciones (que ascienden a más del 40% del salario).

De esa forma la Opinión Privada cala en la Opinión Pública y nos dice que los únicos funcionarios que ganan poco son los policías, no así los conserjes, guardas de seguridad, electricistas o fontaneros, a quienes dicen que se les debe rebajar el sueldo.

Ojalá no se malinterprete mi artículo. No estoy en contra de las conquistas laborales de los oficiales de policía, sino a favor de los derechos de todos los trabajadores del país.

 

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