Pese a prohibiciones, campaña política invade púlpitos de iglesias

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El artículo 28 de la Constitución Política menciona que no se puede hacer propaganda política “invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

Aarón Chinchilla EP. A pesar que la Constitución Política y el Código Electoral prohíben que los líderes religiosos hagan propaganda desde los púlpitos, las banderas de los partidos políticas ondean cada vez con más fuerza en las iglesias. La campaña política ha pasado de las plazas públicas a los encuentros religiosos.

Aferrándose en contra de temas como la mal llamada “ideología de género”, el matrimonio igualitario, el aborto y la educación sexual en las escuelas y colegios, varios candidatos a diputados y diputadas y hasta candidatos a la Presidencia tratan de ganar votantes para lo cual acuden a las ceremonias religiosas con banderas partidistas.

Tal es el caso de Tamara Molina, líder evangélica y candidata a diputada en la provincia de Limón por el Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE), quien reconoce que el mayor apoyo a su candidatura proviene desde las iglesias.

“Gracias a todos los pastores y personas que todos los días ponen este proyecto en la manos de Dios. Además de sus oraciones los pastores y pastoras me dieron su apoyo al 100%, porque también están convencidos que Limón merece cosas mejores”, manifestó la candidata a diputada.

“Como la mejor opción por Guanacaste”, así promociona el pastor Carlos Humberto Espinoza Martínez a Mileidy Alvarado Arias, candidata a diputada por el primer lugar en esa provincia por el Partido Restauración Nacional (PRN), cuyo candidato a la Presidencia es Fabricio Alvarado.

La también líder religiosa ha desplegado su campaña a diputada en la iglesia, tal y como abiertamente ha dado conocer en sus redes sociales, en una clara violación al Código Electoral y a la Constitución Política costarricense.

El artículo 28 de la Constitución Política menciona que no se puede hacer propaganda política “invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

De igual forma, el Código Electoral en su artículo 138, advierte que “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

A pesar de ello, algunos dirigentes han solicitado el voto de sus feligreses para favorecer aspiraciones de ciertos partidos o en perjuicio de distintos precandidatos presidenciales.

Según el politólogo Jorge Vega, la opinión generada por los líderes religiosos tiene mucho peso, además que “atenta contra los valores mas escenciales de la democracia Republicana.

“No podemos olvidar que la opinión de cualquier líder tiene injerencia directa sobre la elección individual de la gente. Cuando una persona me guía, influye en mis decisiones a partir de su visión moral y ética. Eso es realmente peligroso, ya que en política, atenta contra uno de los valores mas básicos de la democracia como es la libertad de elección”.

 

Por otra parte, el politólogo mencionó que frenarla influencia desde los púlpitos será muy difícil de controlar.

“Actualmente, existe un vacio jurídico que pueda frenar esa situación. Habría que tener un observador electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en cada oficio o culto de cada religión. Institucionalmente, es prácticamente imposible ejecutar dicha actividad”.

La trabajadora social Carolina Pomarth aseguró que “No es conveniente que un religioso soslaye la diversidad individual de las personas, incluida la religiosa o política”.

“Cuando se quiere institucionalizar la práctica religiosa en los aparatos estatales, se corre el riesgo de violentar las libertades de culto y creencias que tiene una persona que están amparadas en las convenciones internacionales de derechos culturales, civiles y políticos”

 

El Código Electoral señala que las personas que violen el artículo 138 “serán multadas con diez a cincuenta salarios base”.

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