La marcha iniciará en la Asamblea Legislativa a las 10 a.m. y concluirá con una petición en Casa Presidencial.
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David Sevilla | EP. Con una marcha que iniciará a las 10 a.m. en la Asamblea Legislativa y que culminará a eso de medio en Casa Presidencial, la Asociación Enlaces Nicaragüenses y varias organizaciones civiles pro derechos humanos integradas a la Red Nacional de Migraciones (REDMAN), rechazarán  la multa de $100  anunciada por Migración y Extranjería para aplicarse de forma retroactiva al 2010 a todas las personas migrantes cuya visa o estadía esté vencida.  

Las organizaciones señalan que la medida afectará a los trabajadores y trabajadoras migrantes cuyos salarios son los más bajos  y que además traería afectaciones directas a la economía costarricense.

En Casa Presidencial solicitarán al Presidente Luis Guillermo Solís anular el decreto o firmar una prórroga, así como revisar y considerar el alto cobro.

El martes 19 de febrero la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica, anunció que a partir del 20 de abril de 2018 entrará en vigor la sanción.

El Artículo 33, inciso 3 de la Ley de Migración de Costa Rica señala  “…La persona extranjera tendrá la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular…”

La multa o sanción de tiempo abarca a las personas extranjeras que posean una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que en el momento de salir del país, tengan vencido su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX).

La Asociación Enlaces Nicaragüenses y organizaciones afiliadas a la Rednam, califican la multa de onerosa e impagable para miles de trabajadoras y trabajadores migrantes, debido a que la sanción es retroactiva al 2010, año en que empezó a regir la ley.  Aseguran que es prácticamente imposible pagar la multa si se toma en cuenta que este sector de trabajadores es el que devenga los más bajos salarios. Una trabajadora doméstica, por ejemplo, gana 187,000 colones mensuales.

Para Olinda Bravo de la Red de Mujeres Nicaragüenses, las más afectadas serán las mujeres migrantes.

Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses, expresó a El Periodicocr.com que la medida no ha valorado las repercusiones económicas negativas que traerá el decreto.

“Creemos que esta medida también afectará la economía del país, donde sectores como la agroexportación, la agricultura, la construcción, el empleo doméstico, la seguridad privada, y el sector servicio entre otros, dependen en mucho de la mano de obra de los migrantes”, sostuvo Quxabel Cárdenas.

Cárdenas cuestionó sobre ¿Qué pasará con la demanda de mano de obra de sector agroexportador y la construcción si los trabajadores optan por no regresar debido a esta multa? ¿Quién velará por las familias binacionales cuyos hijos son nicaragüenses y costarricenses, o sus padres son cónyuges de ambas nacionalidades? ¿Incrementará esta medida el coyotaje, más que impulsar la llegada de forma documentada de los trabajadores?

Moratoria a la multa

Las organizaciones proponen una mora a la multa y que el Ministerio de la Presidencia, la Caja del Seguro Social, el Ministerio del Trabajo y Turismo, dialoguen sobre esta medida que afectaría a sectores económicos del país. También proponen que, mientras no se dé una reforma a la Ley de Migración y Extranjería que le permita al inmigrante regularizarse sin pagar altos costos y sin complicada tramitología, se retome una vez más el reglamento de Transitorios o Tiempos de Oportunidad, que la DGME impulsó en los años 2012-2015

“Respetamos la ley, pero estas deben ser posibles de cumplir. No se han podido sacar documentos por caros. Durante los Transitorios, hubo menos de 30 mil personas que lograron aprovecharlo. A pesar de que miles de personas abarrotaron la Embajada de Costa Rica en Nicaragua y el consulado de Nicaragua en San José. Migración tuvo que instaurar carpas para la atención de las personas y call centers, se declaró incapaz de atender la situación con la infraestructura que tiene. Por eso solicitamos otro Tiempo de Oportunidad a la Dirección Migración y Extranjería”, sostuvo Cárdenas.

La organización Enlaces Nicaragüenses también solicitó al gobierno nicaragüense facilitar la entrega de los requisitos básicos para la regularización: el certificado de nacimiento y el récord de policía apostillados, para la protección de sus ciudadanos en el exterior.

La Asociación Enlaces Nicaragüenses, formada por trabajadoras migrantes, llama a las y los trabajadores y a los empleadores a informarse de las implicaciones de la medida, y a respaldar la marcha de la Rednam.

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