Opinión
Por B. Archer Moore.
Muy sabio será quien primero dijo: "Lo que bien se aprende nunca se olvida". Si esta flaca memoria no me falla, puedo decir con certeza que, a muchos de nuestros actuales gobernantes, les quedo impregnado desde la época universitaria, una sabia enseñanza: "EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS".
Eso por si sólo, no tiene nada de malo, al igual que un arma de fuego. El problema comienza cuando cae en las manos equivocadas. Tanto camaradas como mentores, se sorprenden al verlos convertir "el fin" en un propósito de lucro personal, contrario al bienestar social y el interés común de los costarricenses.
Esa torcida y desvirtuada conceptualización del "fin", ha inducido a nuestros gobernantes, desencadenar todo el poder del Estado en contra de los pobladores costeros y ocupantes de tierras antes alquiladas a la "Mamita Yunai". Todo en nombre de la recuperación del Patrimonio Natural del Estado."
Esto de desalojos y demoliciones es una imprudencia innecesaria. Toda vez que, las áreas costeras que se encuentran pobladas, es insignificante comparado con las zonas desocupadas. En nuestro país existen miles de kilómetros de playas desoladas y desocupadas y sin acceso la mayoría de ellos.
Este es uno de los casos en que nos obliga la conciencia a poner de lado nuestros intereses personales, y dar espacio al florecimiento del bien común de nuestros compatriotas pobladores costeros. No podemos dejar de recordar jamás que, la calidad humana no se mide por su grado de tozudez y soberbia sino, por la incidencia de los resultados de sus actos, en la vida de los demás. (Antonio de Lagunita).
Tanto víctimas como observadores sospechan de la presencia de la mano peluda de los Mega Proyectos Turísticos y Marinas, moviendo las marionetas. No es para menos, esa fue la experiencia vivida hace más de 30 años en el Litoral Pacífico. Sin descartar del todo esa posibilidad, los invito a volcar sus miradas hacia el Convenio del Protocolo de Kioto.
Algunos se preguntaran: ¿Qué tiene que ver el Protocolo de Kioto con desalojos o demoliciones de viviendas costeras en Cahuita, Limón?
El asunto no es sólo Mr. Walter Ferguson de Cahuita o Miss Luva Cook de Manzanillo, sino 400 mil Ferguson's y Cook's, dispersados a lo largo de ambos litorales del país, según datos publicados por los mismos funcionarios del Gobierno.
Por el otro lado, de acuerdo al Convenio del Protocolo de KIOTO, cualquier aumento que se logre registrar en el Patrimonio Natural del Estado, contribuye en forma directa al incremento de los Bonos de Carbono del País, los cuales eventualmente se podrían mercadear por plata en el Mercado Internacional de Bonos de Carbono, mediante el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio o MDL. Resultado final; más plata en manos de los gobernantes o bien, "el fin" o propósito de toda la alharaca.
Por lo anteriormente, me parece que la amenaza de desalojos y demoliciones que afrontan los costeros y campesinos de este país, podrían tener su origen en la avaricia de nuestros propios gobernantes, por obtener una mayor tajada de los $150.000 millones del Mercado Internacional del Carbono.
Las pretensiones de desalojo y demoliciones es una acción contraria no sólo al de ser buenos compatriotas, sino al espíritu de la misma Ley de Zona Marítima Terrestre (ZMT), según la interpretación y Dictámenes de la Procuraduría General de la Republica, ente asignado a velar por su cumplimiento.
Es sin duda, un acto de caprichosa inmoralidad de un grupo de funcionarios públicos que carece de asidero legal y sus argumentos no son otra cosa que un adefesio jurídico, con el cual pretenden amedrentar al ciudadano e imponer sus voluntades. El pueblo ya no aguanta más. Por eso exigimos se solucione de forma definitiva el problema del Caribe Sur.
El Protocolo de Kioto es un acuerdo Internacional motivado por el cambio climático y, en consecuencia, con el objetivo de reducir las emisiones de gases que causan el calentamiento global. Este acuerdo se cristaliza en el Convenio de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, conocido como: La Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 1992.
El Convenio del Protocolo de KIOTO, dio el espacio para la creación de un Mercado Internacional para la Compra y Venta de Bonos de Carbono. Es decir, si un país como Costa Rica adopta las medidas necesarias para mitigar su contaminación atmosférica y Certifica su Reducción de Emisiones (RCE) o Bonos de Carbono, estas son adquiridas por los países desarrollados para poder cumplir con el citado Convenio.
Fuera esta o no la intención de nuestros gobernantes, el resultado de sus acciones sigue siendo la misma. Desalojar a compatriotas pobladores de áreas que por generaciones han habitado, para aumentar el Registro del Patrimonio Natural del Estado y en consecuencia, aumentar el potencial de Bonos de Carbono del País.
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