Héctor Arce | Opinión. Uber, Uber, Uber, esta es la nueva frase que resuena en los pasillos del MOPT y en las sedes de los servicios de taxi (incluidos los Seetaxi), Uber, como herramienta tecnológica de servicio público, está conmoviendo los cimientos del servicio de transporte personalizado del país.
Al igual que la polémica que se ha presentado con la explotación de gas natural con Recope, cuya ley no la faculta para ello, al no ser hidrocarburo (cuestiones del avance tecnológico), nuestro país no cuenta con legislación propia para servicios públicos de transporte de personas prestados (o más bien digamos contratados o gestionados) mediante el uso de herramientas digitales (dígase, con el uso de internet).
Uber es un servicio que deberá regularse, pero no impedirse, llámese como se llame. El vacío legal que existe así lo determina. Es, simplemente, un servicio privado de transporte de personas, puerta a puerta, lo que antes se llamó porteo y se excluyó del Código de Comercio para crear el Seetaxi, con la diferencia que no se incluyó la prohibición de este servicio, por lo que se dejó el vacío legal patente (lo que no está prohibido, es permitido).
Si bien el Consejo de Transporte Público (CTP) es el ente regulador en materia de transporte público de personas, la ley de taxis (mediante la que se creó el CTP) tampoco contempla la regulación de servicios contratados por internet. Aquí hay otro vacío legal.
¿Y los servicios de turismo? Estos transportan personas desde los hoteles sin tener permiso de taxi y la tarifa se negocia entre el usuario y el conductor (cuando no es que la tienen ya fija) sin mediar el uso del taxímetro, ni contar con la aprobación del CTP para esas funciones.
Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que existe entre Uber y el tan promocionado CarPool? Este último se promueve como una alternativa a la contaminación, pero en el fondo es un servicio de transporte mediante el cual varias personas se ponen de acuerdo para transportarse colectivamente y pagan por ese servicio, ya sea alternando sus propios vehículos o bien pagando un monto para cubrir costos (seguro que nadie lo hará gratis). En el fondo, también, es una competencia a los taxistas.
El conductor de Uber no es un taxista (como tal, el conductor no se dedica a esta actividad), sino un facilitador de transporte a personas. Al igual que las contrataciones de habitaciones a turistas, mediante internet, no convierten a los dueños de viviendas en hoteleros, sino en facilitadores de hospedaje, tal es el caso de la conocida Airbnb.
Hay que reconocer que la inevitable utilización del ciberespacio está creando una amplia expansión de nuevas actividades económicas; podemos molestarnos, pero debemos convivir en armonía con ello.
De una u otra forma esto se va a dar, así que lo más conveniente es buscar la forma de regular lo que se va dando, pero no poniendo un cerrojo a lo que resulta inevitable.
*Héctor Arce Cavallini, Presidente de la Asociación de Ingenieros Civiles del MOPT (AIC-MOPT).
Don Hector Arce en lugar de ingeniero (ciencia exacta) más parece abogado, que trata de enredar lo que claro está. La ley es clara y sencilla, todo servicio remunerado de transporte de personas, debe realizarse bajo el marco legal existente en el país, punto.
Para don Hector los taxis solo se pueden solicitar por boca o por teléfono fijo, porque si se solicitan por medio de una aplicación de celular, entonces es un servicio totalmente diferente.
No me extraña la posición de don Hector, ya en el pasado lo hemos visto tomar partido con otras trans-nacionales que dejaron sin trabajo a muchos costarricenses.
Lo que compete no es plegarse a los beneficios que ofrecen compañías internacionales, es hacer cumplir lo establecido por nuestra legislación y ayudar a los empresarios nacionales, para que logren brindar mejores servicios.
Si entre los costarricenses nos apoyamos y solidarizamos, ninguna compañía extrajera volverá a dejar sin trabajo a los ticos, ni se llevará nuestra riqueza.
Mi apoyo y solidaridad a los prestadores del servicio de transporte de personas de nuestro país, que defienden su trabajo, apegados a la legalidad.