Este último punto desató un agudoconflicto entre los indígenas y un comerciante llamado Ídolo Mastroeni, quien posee propiedades dentro de la zona agregada al Territorio. Mastroeni denunció que los indígenas se habían instalado en sus terrenos, lo que provocó que 10 de ellos resultaran detenidos. Sin embargo, el Juez del Tribunal de Limón desestimó los cargos en su contra y los dejó en libertad.
Todos estos factores incidieron en que los habitantes de Keköldi decidieran demandar al Estado, defendido por los abogados de la Procuraduría de la República, y al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, entes encargados de realizar las expropiciones.
Los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo decidieron dividir el caso en dos juicios: el primero para analizar si el Estado y las instituciones fallaron en expropiar a los no indígenas del Territorio, y el segundo para indagar si el decreto de 1996 que excluyó la Costa de Cocles es legal.
El primer juicio concluyó a favor de los demandantes y condena al IDA y a la CONAI a efectuar los trámites y estudios necesarios para expropiar a todas las personas no indígenas de la zona en el plazo de un mes y efectuar las compras en seis meses. No obstante, el IDA advirtió que apelará el fallo y esto atrasaría el proceso. Por su parte, los
jueces eximieron de responsabilidad al Estado, aunque éste debe garantizar los recursos para que se realicen las expropiaciones.
El juicio por la Costa de Cocles continúa pendiente en el Contencioso.
