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 En esa zona decenas de campesinos reclaman el derecho a cultivar las tierras ociosas de la Finca Tierra Nuevas, pertenecientes a una empresa holandesa, de las cuales se apoderó un terrateniente identificado como Elmer Varela.

Inicialmente, la finca Tierras Nuevas estaba dedicada al monocultivo de la naranja, sin embargo fue abandonada durante años y desde hace más de dos años las familias ocuparon la finca de 400 hectáreas  y las dedicaron al cultivo de maíz, frijoles, ayote, yuca y otros alimentos.

A inicios de este mes un grupo armado compuesto de 7 hombres, con pasamontañas y bajo las órdenes de Elmer Varela ingresó de forma violenta a la finca, destruyeron con un tractor los cultivos y se tomó la finca. Ocho campesinos acudieron al lugar, pero fueron confrontados con disparos por el grupo armado. En el incidente resultaron heridos de bala los campesinos Juan Rivas, Errol Díaz, Paulino Divas y Francisco Hernández. De los heridos, uno fue trasladado al Hospital México en condición delicada y dos al Hospital de San Carlos.

Según los vecinos, al lugar del incidente acudieron efectivos de la Policía, pero una vez terminado el ataque y “lejos de proteger la vida de las personas agredidas, hostigaron a los campesinos y trasladaron fuera de la parcela a los agentes de seguridad privada”.

Piden al Ministerio de Seguridad proteger a campesinos

Ante tal situación el Partido Frente Amplio Solicitó al Ministerio de Seguridad Pública protección para las casi 300 familias de campesinos.

 “El Ministerio de Seguridad está incumpliendo con su obligación de mantener la paz social y brindar protección a estas familias, está siendo cómplice de una espiral de violencia que, de no detenerse inmediatamente, puede desencadenar en una tragedia mucho mayor”,expresó José María Villalta, diputado del Frente Amplio.

Villalta ve con preocupación que en Costa Rica operen grupos paramilitares fuertemente armados. “Pero es más grave todavía que estos grupos agredan con armas de fuego a campesinos desarmados a vista y paciencia de la Fuerza Pública”.

Autoridades no resuelven situación

En noviembre de 2011 la Procuraduría General de la República procuró -por la vía de un desalojo policial- expulsar a las 300 familias campesinas asentadas en la finca ubicada en Medio Queso de Los Chiles, al norte del país. El desalojo se pretendía ejecutar haciendo caso omiso a un proceso judicial en el Juzgado Agrario.

Las familias campesinas han presentado varios recursos legales, entre los cuales se encuentra un recurso de prejudicialidad en el que se invoca que las actuaciones desde lo penal están supeditadas al proceso que se lleva en el juzgado agrario; por lo que cualquier orden de desalojo por parte de la Fiscalía es improcedente y estaría violentando derechos fundamentales de las campesinos.

 

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