El documento firmado prevé impulsar solamente aquellos manejos a la vida silvestre que respeten el bienestar de las especies. | Foto con fines ilustrativos (Minae).
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Eliannys Padra | EP. El presidente Luis Guillermo Solís y el ministro de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez, firmaron este jueves el Reglamento de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, con el cual se busca regular el manejo de animales y plantas.

El documento firmado prevé impulsar solamente aquellos manejos a la vida silvestre que respeten el bienestar de las especies, su condición y su no humanización.

Asimismo, este nuevo estatuto señala la flora silvestre como de interés público, debido a que representa un recurso estratégico para el desarrollo del país. En cuanto a la la fauna silvestre, se refiere como un bien de dominio público, por lo que todos los costarricenses tienen el deber de protegerla y manejarla adecuadamente.

“El reglamento promueve la participación de la gente, la coordinación interinstitucional e intersectorial en la conservación y uso sostenible de la vida silvestre, con base en el conocimiento técnico y científico, así como en su valor y bienestar”, afirmó Gutiérrez.

El documento también establece los procedimientos y requisitos necesarios para la conservación y el uso sostenible de la vida silvestre continental o insular, acuática o terrestre en el territorio nacional.

Otro de los temas que se regulan son los sitios de manejo de la flora y fauna silvestre establecidos por la Ley, que deben cumplir con normas de protección y fomentar el cumplimiento de estándares internacionales.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación apoyará a los sitios para que en un plazo de seis meses presenten un plan de acción con los cambios organizativos, de infraestructura y manejo técnico que se promoverán para el cumplimiento y la adaptación hacia el nuevo reglamento.

Según explicó el Ministerio de Ambiente y Energía, el nuevo reglamento es producto de un proceso participativo que incluyó talleres de construcción conjunta de sectores como el académico, sociedad civil e instituciones públicas, así como consultas a expertos y un proceso de consulta pública.

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