
William Aguilar | EP. El Gobierno de la República, a través del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), realizará un estudio situacional de las tierras en Salitre de Buenos Aires, en Puntarenas, Zona Sur del país. Terrenos con años de conflictos violentos entre indígenas y “blancos” por la propiedad de los lotes.
El estudio contará con la participación de miembros de la comunidad indígena, para identificar cuáles personas están ocupando los territorios y establecer así quién sí y quién no tiene derechos sobre la tierra en disputa.
Así lo informado el Ministerio de Justicia y Paz, el cual informa que el análisis del Inder se basará en la hoja cartográfica que levantó el Catastro Nacional en todo ese territorio.
De igual forma, la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, quien visitó la zona de conflicto este lunes por segunda ocasión, hizo un llamado a fortalecer los canales de dialogo y evitar los enfrentamientos violentos.
“El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios indígenas y en particular, los bribrí. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los pueblos indígenas, por más de 50 años, y este tema debió ser abordado desde hace mucho tiempo”, expresó Sánchez.
En una primera fase del estudio, se conformará cuadrillas de peritos que irán a hacer las mediciones de los terrenos.
Al mismo tiempo, el Inder trabajará en la creación de un manual de procedimientos en aplicación de los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Indígena, con el fin de establecer el mecanismo de reubicación e indemnización en territorios indígenas en todo el país.
Además de la jerarca de Justicia, estuvieron en el encuentro la viceministra de Seguridad Pública, María Fullmen y la gerente general del Inder, Diana Murillo.
Igualmente, se incorporó al proceso Ricardo Valverde, quien tiene experiencia en negociaciones como colaborador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
En la reunión, un grupo integrado por unos 35 indígenas, presentó a las autoridades su rechazo a las medidas propuestas por el Gobierno el 10 de septiembre anterior.
De igual forma, expusieron los puntos que presentaron en la solicitud que hicieron de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de resguardar la vida de los indígenas de las zonas de Terraba y Salitre, donde han sido atacados y sus viviendas quemadas en varias oportunidades.