Eliannys Padra | EP. La Fiscalía General de la República confirmó que el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José dictó libertad con medidas cautelares a las seis personas que fueron detenidas el pasado miércoles por su presunta responsabilidad en un crédito irregular otorgado por el Banco Popular al importador de cemento chino Jan Carlos Bolaños.
En la misma audiencia en la que se dictó la medida, la Fiscalía apeló la resolución y alegó que la existencia de falta de fundamentación por preterición (omisión) de prueba, fundamentación contradictoria y fundamentación insuficiente de parte del Juzgado Penal.
Por medio de un comunicado de prensa, el organismo destacó que el equipo de fiscales a cargo de la causa considera que existen peligros procesales (de fuga y obstaculización) que hacen necesaria la permanencia de los imputados en prisión, para mantenerlos sujetos al proceso penal y evitar una afectación al proceso investigativo.
“Ahora, será necesario esperar que se señale la audiencia en la que se conocerá si el Tribunal de Apelación del Hacienda acoge el recurso de apelación planteado por la Fiscalía General”, señala el texto.
Los imputados que a los que se les dictó medidas cautelares son identificados con los apellidos: Rojas Segura y Cortez Zúñiga, gerente general y gerente financiero de Sinocem, respectivamente; Bogantes Brenes, analista de crédito del Banco Popular; Gómez Barrantes, ejecutivo de Negocios Corporativos de la entidad; Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial; y Delgado Negrini, jefe de la División de Banca Institucional Corporativa.
Según las pesquisas de la Fiscalía General, Bolaños solicitó un crédito al Banco Popular por $5 millones, línea de crédito que fue autorizada por la entidad en el 2015, aun cuando no se realizó un análisis de la capacidad de pago, del plan de inversión y de las garantías.
Asimismo, Bolaños justificó al Banco Popular que ese dinero iba a ser utilizado para la compra de cemento procedente de China, pero presentó la misma Declaración Única Aduanera (DUA) con la cual justificó el crédito que le otorgó el Banco de Costa Rica.