Rogelio Arce
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Rogelio Arce Barrantes.

No debemos confundir lo moral con lo legal, aunque deberían caminar de la mano, ambas disciplinas usualmente viven divorciadas en la práctica. La justicia no tiene remilgos, sencillamente se basa en la constitución, leyes y códigos vigentes; no se preocupa por los cambios de apreciación de la moral en sí misma. Normalmente los abogados y más específicamente los jueces, no se ven afectados por los puntos sensibles de las leyes y su aplicación, se forman de esa manera.

Yo como médico que soy los comprendo, a nosotros no nos afecta el dolor humano en las tomas de decisiones, buscamos curar y nos valemos de todos los medios a mano para lograrlo, aún así la diferencia entre reducir una fractura con o sin anestesia, aunque no variará el resultado final, si importa en cuanto al sufrimiento físico y emocional que una y otra forma generan, por lo que hoy en día y en condiciones normales, nadie reduce una fractura sin anestesia local al menos.

Bien, quiero llevar al lector no a que piense como yo, sino a que opine sobre un asunto muy controversial y que ya hace pocos años conmovió a la opinión pública: la presentación de un testigo de la corona. Testigo de la corona suele ser un imputado en un caso equis, que en determinado momento decide de acuerdo con la fiscalía, cooperar en el proceso aduciendo arrepentimiento (yo no cuestiono el arrepentimiento de nadie) y colaborando para que en el juicio se consiga condenar al o los acusados.

Bien hasta aquí iríamos correctamente, una persona encausada se arrepiente y decide en un bandazo de mea culpa, cooperar para que se haga justicia a cambio de una pena menor o incluso ninguna pena. Esta es la moda en los EE.UU. en los casos de narcotráfico, donde un acusado canta a los demás y consigue una absolutoria y protección al testigo. En los casos que estoy mencionando, me parece que hay una riesgosa posibilidad de abuso de este artefacto jurídico, debido a que siempre habrá un testigo de la corona en ciernes que acepte negociar con el Ministerio Público; y adelanto que no cuestiono al Fiscal General sino el artilugio jurídico que puede, por uso y abuso, convertirse en una salida útil para los delincuentes de cuello blanco de más bajo perfil.

Entonces, ¿será bueno dejar a uno libre solamente porque fue astuto en confesarse culpable y culpar directamente a los demás?, hay sus bemoles y la parte moral (hasta los delincuentes tienen sus reglas morales, equivocadas o no) podría estar habiendo un portillo jurídico que traerá nefastas consecuencias en la corrupción galopante que sufre el sector público.

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