El diagnóstico era claro: el Fonabe no puede ser intervenido porque su ley de creación no lo permite. El Fondo Nacional de Becas, que otorga millones de colones supuestamente a estudiantes en desventaja, ha sido muy cuestionado por sectores sociales, en alusión a acusaciones principalmente por clientelismo político, manejo de influencias (argollas) y otras corruptelas.
Sin embargo, la Ministra de Educación de este gobierno se topó con una sorpresa: el Ministerio de Educación no podía intervenir en él.
Por esa razón, el Ministerio de Educación anunció hoy en un comunicado que, junto al Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), procederá a presentar un nuevo proyecto de Ley para modificarlo.
Esta propuesta será parte del bloque de sesiones extraordinarias que inicia el próximo 1 de agosto en la dinámica legistativa del Congreso. Según el MEP, este proyecto será una de las prioridades de este gobierno.
“Entre otros cambios sustantivos, la administración impulsará transformar la naturaleza jurídica del Fonabe, para garantizar mayor transparencia y eficiencia, así como modificaciones en el sistema de asignación de los subsidios (becas) y el rol de las instituciones que participan en el proceso”, informa el MEP hoy.
El Fonabe, junto con el programa Avancemos, ha sido denunciado por padres, educadores y dirigentes políticos por no dar los fondos necesariamente a gente pobre o en desventaja, sino a personas por afinidades políticas o personales.
“Este problema, histórico y estructural, es de los más graves que hemos heredado. Pero lo asumimos de forma inmediata y con absoluta responsabilidad”, sostiene la ministra de Educación, Sonia Marta Mora.
Asimismo, la ministra pretende hacer un estudio para conocer la percepción de los comités que asignan becas en las diferentes instituciones educativas. Ayer Fonabe aprobó 14 mil becas adicionales a las que se entregan cada año, lo que significará un mayor beneficio para más estudiantes con necesidades.
En otro orden de cosas, también trascendió que el gobierno ha asumido su compromiso con la comunidad de Salitre de Buenos Aires, pero además con toda las 8 comunidades indígenas del país e incluirá en su lista de prioridades el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, que tiene más de dos décadas de espera y ha estado en abandono durante tantos gobiernos atrás.
