Esto no es una afirmación que normalmente cabría esperar de un Vicepresidente del País y de toda cuenta de un caballero serio y respetable. Por lo tanto, no debe tomarse a la ligera o casualmente. Máxime cuando se trata de alzar la voz por el Cantón mas pobre de Costa Rica.
Lo que esto nos debería decir es que el nivel de injusticia que se ha venido perpetuando en lo que respecta a la aplicación de leyes ambientales y de protección del litoral (ZMT), han llegado a un punto de inflexión en el gobierno e intolerable para algunos funcionarios.
Pareciera que la situación ha llegado al extremo de la tolerancia del Vicepresidente Piva y lo tiene al borde de la desesperación, al igual que los habitantes de la Región Costera del Caribe de Costa Rica. Por ende lo conduce a una usurpación sui generis del liderazgo de la Región.
Se ha dado de manifiesto una coincidencia de sentimientos entre el gobernante y el pueblo, muy poco visto en nuestro país. Desde este punto de vista, es del cual su declaración debe ser entendida, aplaudido, respetado y apoyado. Él ha hablado de la profundidad de su corazón y su conciencia. Esperemos sus motivaciones sean de igual nobleza.
Se ha sabido por mucho tiempo que la Ley 6043 Sobre ZMT de 1977, fue instituido con un total desprecio y des reconocimiento a la existencia humana en la Costa Atlántica de Costa Rica.
Haciendo caso omiso de la existencia de los pueblos costeros desde la Barra del Colorado hasta Gandoca. Se ignora incluso la existencia de Cahuita y Puerto Viejo que ya habían sido reconocidos legalmente desde 1915 por la ley N º 35 y 1935 por la ley N º 116, respectivamente.
Con el pretexto de que estos dos pueblos ya no estaban en existencia como tal, se declara por inferencia e interpretación, la anulación de las leyes 35 y 116, que legalmente ya había creado estos dos asentamientos.
Al mismo tiempo, la misma ley 6043, reconoce en los artículos 74, 76 y 80, una excepción de su aplicación a las comunidades a desarrollarse en el futuro tales como Jaco, en la región costera del Pacífico del país.
Estas son algunas de las inconsistencias encontradas en la presente ley. Algunos observadores y dirigentes locales, han reclamado la presencia de prejuicios raciales, debido a la existencia de una alta concentración de personas de descendencia africana en la región del Atlántico.
Independientemente de los motivos, los prejuicios raciales o los intereses económicos de poderosos grupos del sector empresarial y financiero, los resultados son los mismos en términos de la vida cotidiana de los residentes locales y dueños de propiedades, tanto para los inmigrantes recién llegados como los nativos de la zona.
El entorno de inseguridad jurídico con respecto al derecho de la propiedad a lo largo de la zona costera, crea un clima de incertidumbre, poco atractivo a la inversión necesaria para el desarrollo y progreso de nuestras comunidades.
Es hora de que se haga algo al respecto. Una vida de incertidumbre no es algo que estamos dispuestos a aceptar.
