Comisión investigadora de la Asamblea continuará con otros casos de créditos bancarios hasta el mes de abril.
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Allan Madriz | EP. Con 42 votos a favor y 6 en contra, los diputados y las diputadas aprobaron el informe que emitió la Comisión Investigadora de los créditos bancarios, donde exponen una serie de recomendaciones y sanciones a varias actores involucrados en el caso del cemento chino. 

Al ser pasadas las 11:00 p.m. y después de una maratónica jornada, los legisladores presentes decidieron votar el informe de la comisión legislativa, al que se opusieron únicamente Javier Cambronero, Marvin Atencio, Marco Vinicio Redondo, Marlene Madrigal y Laura Garro (PAC), así como el diputado independiente Víctor Morales Zapata.

Los legisladores del PAC votaron en contra por el malestar que no se analizó a profundidad el documento enviado a última hora por el Poder Ejecutivo, donde se refutaban varias de las conclusiones del informe de la comisión legislativa.

Mientras que Morales Zapata, quien fue el legislador que más uso el tiempo en el Plenario Legislativo para referirse al informe este jueves, criticó fuertemente ciertos procedimientos en la investigación y a diputados, como el caso de su compañero Ottón Solís.

Mientras tanto el legislador liberacionista, Rolando González, a pesar de no estar completamente de acuerdo con los señalamientos en su contra dentro del informe, voto a favor del mismo.

“La Comisión en mi caso, se excedió, se incurrió en faltas gruesas, gravosas, y lesivas y cometió una fragante injusticia, ustedes van a votar y yo voy a votar, será lo normal, yo tengo el derecho y el deber de hacer la defensa hasta donde la ley y la ética me lo permitan, y la voy a ejercer milimétricamente”, señaló el diputado del PLN.

González agregó que las conclusiones de la comisión son inconsistentes, la recomendación es ilegal, inconstitucional e injusta.

Por su parte el diputado Otton Solís, señaló que no se vale marchitar uno de los logros más grande de esta comisión.

“Los políticos tienen una argumentación poderosa para desacreditar las acusaciones de corrupción, cuando esas acusaciones solo hace la oposición, porque entonces el político dice que es politiquería”, afirmó Solís.

Por su parte el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, informó este viernes que remitió un oficio a la Procuraduría de la Ética Pública, para que se continúe con el proceso de investigación respectivo.

“En ese marco y con el fin de que no exista la menor duda de mi absoluta voluntad de rendir cuentas sobre un tema en el cual he rechazado de manera categórica y reiterada haber cometido algún acto ilegal o doloso, mucho agradeceré se sirva proceder con la instrucción del proceso ya señalado con el cual desde ya me comprometo a facilitar y cooperar en todo lo que se requiera”, señala el mandatario costarricense.

Recomendaciones informe de la Comisión

Dentro de las principales recomendaciones emitidas por la comisión dentro del informe se encuentran:

1. Proponer cambios a la Ley 7.472 de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, con la finalidad de establecer una estructura fuerte de investigación de mercados y transparentar la competencia.

2.  Reformar la Ley 7.494 Ley de Contratación Administrativa para normar el caso de contratos a consorcios cuando estos se separan, en el sentido de que se declaren desiertas las adjudicaciones.

3. Impulsar la aprobación de iniciativas parlamentarias tendientes a sancionar a los diputados con un régimen de probidad, conforme ya se indicó en el voto N° 011352-10 de la Sala Constitucional.

4. Remitir a la Procuraduría de la Ética para que determine si Benito Coghi incurrió en algún delito o alguna violación al Deber de Probidad.

5. Remitir a la Fiscalía a los cuadros administrativos del Banco de Costa Rica que tuvieron injerencia en la tramitación y seguimiento del crédito otorgado a Sinocem, para que se valoren los hechos y determinar si se está en presencia de algún delito.

6. Se despida, e inhabilite para ocupar cargos públicos, por diez años, a Mario Barrenechea, a Paola Mora y a dos miembros de la Junta Directiva quienes ordenaron al Secretario de ese órgano modificar una acta después de aprobada en firme con el fin de esconder manifestaciones de un directivo que configuraban un conflicto de interés.

7. Se solicita la destitución del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por el plazo de diez años, al Magistrado Celso Gamboa Sánchez, respetando su derecho de defensa.

8. Se solicita al Presidente de la República la destitución inmediata de Mariano Figueres como Director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

9. Remitir a la Procuraduría de la Ética para que se determine si Fernando Rodríguez incurrió en algún delito o alguna violación al Deber de Probidad.

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