Los centros penitenciarios de Costa Rica han alcanzado niveles altos de sobrepoblación. Foto: MJP.

Redacción | EP. Los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá tienen en conjunto 103.994 privados de libertad en un centenar de cárceles con capacidad para 48.218, lo cual genera una tasa de sobrepoblación que oscila entre un 22% y un 245%, según señala el informe regional titulado “Seguridad Ciudadana”.

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), la represión de la delincuencia tiene “atiborradas” los centros penales de la región, lo que ha impide la rehabilitación y fomenta una “escuela del crimen”.

Además señala que en los últimos años, la principal apuesta de los gobiernos centroamericanos ha sido la remodelación de cárceles o la construcción de nuevos penales.

“La función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido una prioridad y, por el contrario, las cárceles han emergido como un espacio que ha potenciado la violencia, los abusos a los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva”, destaca el informe.

Además preocupa a los investigadores que la percepción de la ciudadanía del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha obstaculizado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social.

“El abuso de la prisión preventiva se traduce en pérdida de empleos, fractura familiar y estigmatización. Produce, además, un gasto alto que impide destinar recursos al desarrollo social”, explica el informe.

El informe deja claro que Costa Rica es el país Centroamericano con menor sobrepoblación carcelaria (55%), sin embargo al igual que el resto de naciones de la región, el hacinamiento sigue en alza en los centros penales.

El Ministerio de Justicia y Paz, respetando resoluciones judiciales, ha sido criticado fuertemente por varios sectores, por aplicar una política de régimen semiinstitucional para algunos casos de privados de libertad y así disminuir el hacinamiento carcelario.

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