Eugenia Cartín, de 72 años, se comunicó con Tigo para expresar su descontento por fallas en el servicio de Internet y el audio de la conversación fue divulgado en redes sociales y emisoras de radio. | FOTO: Facebook.

Eliannys Padra | EP. Una clienta de la empresa de telecomunicaciones Tigo introducirá una demanda en contra de la compañía por la divulgación de un audio en el que se escuchan sus datos personales, así como sus quejas por fallas en el servicio.

En días pasados Eugenia Cartín, de 72 años de edad, se comunicó con a la central telefónica de Tigo y expresó sus quejas y descontento por problemas con el servicio de Internet. El audio de la llamada fue puesto en circulación en redes sociales y emisoras del país, lo que generó la molestia de la involucrada.

Este tipo de llamadas siempre son grabadas por seguridad tanto de la empresa como de los clientes, sin embargo, no es legal reproducir las grabaciones y mucho menos ponerlas circular en medios sociales y de comunicación.

Cartín informó este miércoles a los medios de prensa que no autorizó la divulgación de este audio de aproximadamente 15 minutos, en el que además se escucha el momento en el que brinda sus datos personales al operador.

Asimismo, señala que tras reproducirse el audio ha recibido llamada de amenazas y ha sido objeto de burlas.

Por su parte, el abogado de la señora, Rodolfo Alvarado, aseguró que presentará una demanda penal y civil contra Tigo Costa Rica y las emisoras de radio que han reproducido el archivo.

“En este caso se difunde y proyecta en redes sociales una conversación privada violando la intimidad de mi cliente, lo cual le produce acoso exacerbado de quienes usan redes sociales y la burla de sus usuarios, dañando directamente su imagen profesional y su ética de ciudadana”, dijo Alvarado.

Cartín es traductora oficial adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace 40 años.

La Ley General de Telecomunicaciones de Costa Rica establece que las empresas de telecomunicaciones deben garantizar el secreto de las comunicaciones, el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales de sus clientes y usuarios finales.

El incumplimiento de este estatuto es considerado como una falta muy grave y se sanciona con una multa de entre el 0,5 % y el 1 % de los ingresos brutos del operador o proveedor obtenidos durante el período fiscal anterior.

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