Allan Madriz | EP. Los diputados aprobaron en primer debate el proyecto “Reforma parcial de la Ley 9078, Ley de Transito por Vías Públicas Terrestre y Seguridad Vial”, que impondrá nuevas multas a los choferes que incumplan la normativa.
En primera instancia, la iniciativa establece una multa a los conductores que se nieguen a realizarse la prueba de alcoholemia, así como el retiro de las placas de matrícula por parte de la autoridad de tránsito y la acumulación de 6 puntos en la licencia.
Además si el conductor no está satisfecho con el resultado de la prueba, podrá solicitar una nueva prueba de expiración de aire; si todavía no está satisfecho, podrá pedir otra en un centro acreditado.
Si se confirma los resultados de las pruebas de aire o sale superior, el infractor deberá pagar el servicio, caso contrario lo asumiría el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
“Era evidente que la Ley de Tránsito poseía algunos conceptos imprecisos y algunas normas poco claras. Por eso esa urgente la aprobación de esta iniciativa, que contribuirá a mejorar la seguridad y la movilidad en las vías públicas del país”, indicó el diputado del Partido Acción Ciudadana, Javier Cambronero.
En primera instancia, el expediente No. 19.636 había sido devuelto al Congreso para su análisis y realizarle varias modificaciones.
Nuevos Cambios
La modificación establece además, una serie de reformas como la prohibición de circular para los vehículos que en los parabrisas cuenten con polarizado tipo espejo o limosina, salvo polarización de fábrica que permita la visibilidad de adentro hacia fuera y viceversa del ciento por ciento.
Sancionar al dueño registral del vehículo mal estacionado y poder llevárselo cuando obstruya hidrantes o accesos a propiedades privadas; así como sancionar el exceso de pasajeros en un vehículo o el traslado de personas en los cajones de los carros.
La propuesta ahora deberá recibir el aval durante una segundo debate en el Plenario Legislativo, para ser entregada al Poder Ejecutivo y posterior a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tendría un plazo máximo de dieciocho meses para poner en práctica las modificaciones.
