En sentencia del 7 de agosto del 2013, la Sala Constitucional prohibió al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) otorgar más licencias para que se realizará este tipo de práctica en el país. Foto con fines ilustrativos.

Allan Madriz | EP. Un grupo de 15 organizaciones ecologistas señalan al Gobierno por mantener su “obstinada” intención de demostrar, “sin sustento científico”, que la pesca de arrastre de camarón es sostenible.

AIDA, Conservación Internacional, Asociación Costa Rica por Siempre, Fundación KETO, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Fundación Corcovado, Fundación MarViva, Misión Tiburón, CREMA, Fins Attached, Sea Shepherd, The Leatherback Trust, UESPRA, WIDECAST y ARCAE denuncian que las autoridades siguen sin presentar ningún argumento científico válido, que cuente con amplio respaldo científico en el país tal como lo ordenó la Sala Constitucional en su fallo 2013-010540.

Según indica la Fundación MarViva, en octubre pasado, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) presentó un documento ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el cual intenta demostrar que se puede evitar el impacto del arrastre, con el uso de ciertas tecnologías y restricciones en las zonas en que se pesca.

“El arrastre es la técnica de pesca más destructiva y no existen estudios en ningún lugar del mundo que demuestren su sostenibilidad. Esta técnica afecta negativamente a más de 13 mil familias del sector de pesca artesanal”, indicó MarViva mediante un comunicado.

Los ambientalistas además indicaron que las universidades estatales han expresado su rechazo a este proyecto, enfatizando la ausencia de información científica que lo justifique.

“El Poder Ejecutivo ha sido incapaz de demostrar que existan las técnicas necesarias para reducir significativamente los impactos de la pesca de arrastre, como tampoco ha presentado estudios en el país que lo demuestren”, indicaron los ambientalistas.

El proyecto de Ley, bajo el expediente 19.838, busca reinstaurar la pesca de arrastre en el país, luego de que fuera declarada inconstitucional en el 2013.

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